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Crece la implementación de las MGA en el mundo: ¿podrían llegar al mercado asegurador colombiano?

De acuerdo con el último informe de Fasecolda, se proyecta que el mercado asegurador en Colombia crezca un 6,5 % en 2026, en un contexto donde figuras como las MGA ganan popularidad en otros países pero aún no están reguladas en el país, pese a su potencial para impulsar innovación y ampliar la cobertura.

Personas trabajando en una oficina - (Getty Images) / Tom Werner

A pesar del crecimiento del sector asegurador colombiano, la figura de las Managing General Agents (MGA), tan común en mercados internacionales, aún no está regulada en el país.

Según Fasecolda, a julio de 2025 la industria aseguradora respondió a sus asegurados por $15,3 billones, lo que representó un aumento del 5,7 % frente al mismo mes de 2024.

Además, se recaudaron primas por $33,9 billones y las utilidades del sector alcanzaron $2,96 billones, cifras que reflejan la solidez del mercado y, paradójicamente, el contraste con modelos más avanzados de distribución y gestión del riesgo que ya operan en otras economías.

De acuerdo con Félix Ricardo Garzón Rojas, especialista en seguros y reaseguros, las MGA son intermediarios con facultades que van más allá de los corredores tradicionales.

Pueden suscribir pólizas, fijar primas, evaluar riesgos en nombre de una aseguradora, administrar siniestros y gestionar procesos operativos que normalmente asumiría la compañía. También tienen la capacidad de diseñar productos adaptados a nichos específicos y supervisar agentes y corredores asociados. “En mercados como Estados Unidos o Reino Unido, este modelo permite a las aseguradoras expandirse rápidamente, innovar y atender riesgos complejos sin necesidad de construir toda la infraestructura interna”, explica Garzón.

En Estados Unidos, las MGAs se han convertido en uno de los motores más activos del sector porque generan miles de millones en primas, prueban nuevos productos y operan con gran agilidad, lo que atrae inversión y especialización.

En Lloyd’s de Londres existe una figura similar llamada coverholders, que son entidades autorizadas para suscribir y emitir pólizas en nombre de las aseguradoras, actuando como su ‘brazo extendido’ en mercados específicos. “Estos ejemplos muestran una tendencia global: las aseguradoras se enfocan en sus funciones más críticas mientras delegan en MGAs la operación, el diseño de productos y la gestión de riesgos de nicho”, afirma Garzón Rojas.

En Colombia, las MGA podrían facilitar la creación de seguros para riesgos emergentes, como ciberseguridad, energías renovables o economía digital, y atender un ecosistema empresarial compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que continúan desprotegidas.

También permitirían desarrollar coberturas a la medida para sectores rurales y poblaciones excluidas, ampliando la penetración del seguro en regiones donde hoy la presencia institucional es limitada.

Al delegar funciones operativas, las aseguradoras podrían reducir costos, agilizar procesos de emisión y gestión de pólizas, y ofrecer productos más personalizados, fomentando la inclusión financiera y respondiendo a necesidades que el modelo tradicional tarda en atender.

La figura de las MGA, ampliamente utilizada en otros mercados, no existe hoy como categoría específica en la regulación colombiana. Además, las funciones que en otros países se delegan en estas entidades como la suscripción, fijación de primas y administración de siniestros, hacen parte de la profesionalidad de la aseguradora y son, en principio, indelegables bajo la legislación vigente.

Sin embargo, su implementación en Colombia enfrenta un obstáculo central: la regulación. La Superintendencia Financiera reconoce únicamente a agentes, agencias y corredores como intermediarios autorizados.

Las funciones típicas de una MGA, suscribir riesgos, emitir pólizas, fijar primas y administrar siniestros dentro de un marco delegado, están reservadas exclusivamente a las aseguradoras vigiladas. “Esto significa que una entidad que intentara actuar como MGA bajo el modelo internacional estaría operando por fuera del marco jurídico colombiano”, añade el experto.