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ASCIF alerta por impacto en la industria nacional tras reorganización de Audifarma

Audifarma se comprometió a pagar más de $2,7 billones en un plazo de 12 años.

Audifarma es el dispensario oficial de los afiliados de la EPS Salud total en la capital de Caldas.

SALUD

La directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF), Clara Rodríguez, reaccionó a la decisión de la Superintendencia de Sociedades de admitir y confirmar el proceso de reorganización empresarial de Audifarma, asegurando que este caso refleja la profundidad de la crisis que atraviesa el sector farmacéutico en Colombia.

Rodríguez advirtió que Audifarma hace parte de un grupo de gestores farmacéuticos que, según cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, adeudan más de $6,4 billones de pesos a los laboratorios del país, una situación que golpea directamente a la industria farmacéutica nacional.

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“Hay un porcentaje muy importante de esa deuda que corresponde a Audifarma y que afecta de manera directa a los laboratorios colombianos”, señaló la directora de ASCIF, quien explicó que la acumulación de cartera y la falta de pagos oportunos están generando serias dificultades de liquidez en el sector.

La dirigente gremial alertó que este panorama limita la capacidad de inversión y producción de los laboratorios nacionales y pone en riesgo la disponibilidad de medicamentos.

“Cuando no hay pagos oportunos, se compromete la producción y, en consecuencia, el acceso de los pacientes a los medicamentos”, afirmó la directora.

Desde ASCIF, Rodríguez hizo un llamado urgente al Gobierno y a los actores del sistema de salud para que se adopten medidas que garanticen el flujo adecuado de los recursos.

“Proteger la sostenibilidad de la industria farmacéutica nacional es también proteger el acceso continuo de los pacientes a medicamentos de calidad”, subrayó Rodriguez.

La reacción de la directora se dio luego de que la Superintendencia de Sociedades confirmara el acuerdo de reorganización de Audifarma, mediante el cual la empresa se comprometió a pagar más de $2,7 billones en un plazo de 12 años, evitando su cierre y permitiendo la continuidad de su operación en el país.