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Asobancaria alerta riesgos para el dinero de los ciudadanos por decreto de giros postales

El gremio de los bancos advierte que el proyecto de decreto sobre giros permitiría captar recursos del público sin la supervisión de la Superintendencia Financiera.

Asobancaria. Foto: cortesía Asobancaria

Asobancaria. Foto: cortesía Asobancaria

El gremio de los bancos, Asobancaria, se pronunció sobre el polémico decreto que busca cambiar las reglas de los servicios de pago en Colombia.

El gremio afirmó que su preocupación central se basa en que, a diferencia de otros bancos, estos operadores no están bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria.

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Según el informe, el proyecto de decreto del Gobierno permitiría a los operadores de servicios postales de pago llevar a cabo actividades de captación de recursos mediante “cuentas postales”, sin cumplir con requerimientos de orden técnico y legal que se le exigen al sector financiero.

Ante esta situación, en caso de una crisis, los colombianos enfrentarían riesgos como estar sin seguro de depósito, en el que las cuentas postales no contarían con el respaldo de un seguro que proteja el ahorro de los usuarios cuando una entidad enfrenta problemas financieros.

También, los operadores no tendrían requerimientos patrimoniales equivalentes a los de los bancos para responder ante eventualidades. Y por último, crecería la preocupación con la Superintendencia Financiera sobre la gestión de riesgos de liquidez operativos.

Asobancaria hace énfasis en que el decreto podría afectar el funcionamiento del sistema de pagos en Colombia, ya que, según el Banco de la República, la medida puede fragmentar el ecosistema de pagos inmediatos y frenar avances como Bre-B, un avance digital para modernizar la forma de hacer transferencias electrónicas en Colombia.

En el comunicado del gremio, se señala el “arbitraje regulatorio”, lo que quiere decir que se crea una competencia desigual donde las entidades tienen reglas más flexibles. De este modo habría una afectación a la competencia y debilitación del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Por último, Asobancaria solicitó al Gobierno Nacional que se abstenga de expedir la normativa debido a su inconveniencia para el país y proteja el dinero de los ciudadanos.

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