Anulan decreto que nombró a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia

Justicia

Aunque Luis Eduardo Montealegre Lynett renunció a su cargo en octubre del año pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del decreto 0647 del 13 de junio de 2025 que lo nombró como ministro de Justicia.

En el fallo de primera instancia se concluyó que su designación desconoció la cuota de género exigida por ley.

Al mismo tiempo, avaló el argumento que presentaron los demandantes al señalar que con la expedición de dicho decreto se vulneraron las normas de rango constitucional y legal con la participación mínima de mujeres en altos cargos del Estado.

Durante el estudio de la demanda, tanto el Gobierno Nacional como las entidades vinculadas argumentaron que, al momento del nombramiento, no existía una reglamentación concreta que determinara a qué cargos debía aplicarse la Ley 581 de 2000, tal como lo establece el parágrafo 2 del artículo 4.

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No obstante, esta manifestación fue rechazada por el Tribunal, que sostuvo que la falta de reglamentación no impedía la aplicación directa de la cuota femenina en los ministerios, la cual debía calcularse sobre los 19 existentes.

Igualmente, la Sala de Decisión revisó los decretos de nombramiento vigentes para la fecha cuestionada y estableció que la participación de mujeres era inferior al umbral que exige la ley.

“El material probatorio obrante en los expedientes acumulados, de acuerdo con los decretos de nombramiento de los ministros, permite concluir que, para la fecha de expedición del decreto demandado, se nombraron 9 mujeres en el empleo de ministro, lo que alcanza un porcentaje del 47,36 %, es decir, por debajo del mínimo del 50 % requerido”.

También se lee en el fallo de 16 páginas que se incumplió la norma “sin importar que con posterioridad, el presidente haya dado cumplimiento”.

Aunque inicialmente el Tribunal negó la suspensión provisional del decreto tras argumentar la falta de pruebas, tras analizar más detenidamente lo ocurrido, concluyó que el decreto sí iba en contravía de la normatividad legal vigente.