Delegado Pineda aclara que jefes de bandas en Barranquilla permanecerán presos durante los diálogos

EXCLUSIVA. En un esfuerzo por avanzar en la “paz urbana” en Barranquilla, el Gobierno Nacional ha propuesto el traslado de 17 miembros de la banda criminal “Los Costeños” a cárceles de mediana seguridad en la ciudad. La iniciativa, liderada por Camilo Pineda, jefe de la Delegación Nacional del Gobierno en las conversaciones con bandas criminales, busca establecer un “espacio de diálogo sociojurídico” con estas organizaciones.

La propuesta ha generado controversia, especialmente por la preocupación de que el traslado de delincuentes de alta peligrosidad a cárceles locales pueda exacerbar la situación de seguridad en Barranquilla. Sin embargo, Pineda defiende la medida como un paso necesario para desescalar la violencia y establecer un canal de comunicación con los líderes de estas bandas.

Pineda explicó que la decisión de trasladar a estos 17 individuos se tomó después de un proceso de exploración de la “voluntad y capacidad de paz” de las organizaciones “Los Pepes” y “Los Costeños”. Inicialmente, se recibieron solicitudes para el traslado de 45 personas por parte de la defensa de Jorge Eliécer Díaz (alias “Castor”) y 7 por parte de la defensa de Digno Palomino. El gobierno rechazó la solicitud de 45 personas y, tras entrevistas y evaluaciones, se acordó el traslado de 17 miembros de “Los Costeños”.

Estos 17 individuos, según Pineda, desempeñarán un papel crucial en el “espacio de diálogo sociojurídico”. Algunos serán “miembros representantes” de la organización, mientras que otros tendrán “responsabilidades en el territorio”. El objetivo es que estos individuos, bajo una “matrícula condicional” por buen comportamiento, contribuyan a la reducción de la violencia y a la implementación de acciones concretas para la paz.

Condiciones y expectativas del proceso

Pineda enfatizó que el traslado no implica la liberación de los individuos, quienes seguirán privados de la libertad en la cárcel del Bosque. Además, aclaró que el proceso no busca un nuevo marco jurídico para la paz, sino que los implicados serán sometidos a la justicia ordinaria. La expectativa es que reciban condenas rápidas y que su participación en el diálogo contribuya a la administración de justicia y a la reconciliación con las víctimas.

El jefe de la delegación también destacó que el proceso ha sido socializado con las autoridades locales y que se cuenta con el apoyo de la policía. Se espera la instalación de un “centro interinstitucional de análisis criminal” para unificar las cifras de seguridad y evaluar los resultados del proceso.

Pineda reconoció que el tema de los centros carcelarios es un desafío, pero insistió en que el proceso es “público, transparente y de cara a la ciudadanía”. El gobierno espera que este “espacio de diálogo sociojurídico” sea un paso hacia una paz “irreversible y tangible” en Barranquilla.

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