La declaratoria de emergencia económica es rechazada por Camacol

Según el gremio, la actual situación fiscal del país, aunque compleja, no corresponde a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, sino a circunstancias estructurales que han sido ampliamente conocidas y debatidas. En ese sentido, Camacol advierte que recurrir a un estado de excepción carece de justificación jurídica y genera un precedente institucional que introduce incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas económicas del país.

“Colombia cuenta con herramientas legales suficientes para enfrentar sus desafíos sin recurrir a figuras excepcionales que afectan la confianza y la seguridad jurídica”, afirmó el presidente de Camacol, Guillermo Herrera.

El gremio recordó que el ordenamiento jurídico colombiano contempla mecanismos claros para la gestión responsable del presupuesto público, como la reprogramación, el aplazamiento y el recorte del gasto, así como instrumentos de disciplina fiscal orientados a preservar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Saltarse estos procedimientos, advirtió Camacol, afecta el equilibrio institucional y debilita la confianza en el marco normativo.

Para el sector constructor, esta decisión envía una señal negativa a la inversión, impacta la planeación de proyectos de vivienda e infraestructura y pone en riesgo el empleo formal y el crecimiento económico. Camacol subrayó que la construcción ha sido históricamente un motor de desarrollo y reactivación, por lo que requiere entornos de certidumbre y estabilidad institucional.

Finalmente, el gremio hizo un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que adopten acciones urgentes que preserven el orden constitucional, fortalezcan los canales institucionales y prioricen soluciones estructurales y responsables que contribuyan a la estabilidad económica del país sin afectar la confianza de los ciudadanos ni del sector productivo.