Contra viento y marea, fue aprobado el Presupuesto para Boyacá, vigencia 2026

Durante el debate del proyecto de ordenanza 038, el diputado ponente, Felipe Puentes, explicó las razones que lo llevaron a solicitar el aplazamiento de la discusión dos días atrás. Según indicó, la decisión se tomó para acudir a instancias jurídicas y aclarar las dudas planteadas por algunas bancadas, cuyas observaciones —dijo— fueron respetuosas y necesarias para garantizar un análisis riguroso del proceso.

El diputado aseguró que, tras un estudio jurídico detallado, se concluyó que las discusiones alrededor del proyecto se han centrado exclusivamente en eventuales vicios de trámite, y no en el contenido del presupuesto para la vigencia 2026 ni en las propuestas presentadas por las sectoriales.

“Eso a mí me da un fresco”, afirmó, al señalar que no existen reparos de fondo sobre las iniciativas debatidas.

Recordó además experiencias recientes en la corporación, donde —según dijo— se han señalado errores sin reconocer también los aciertos en la gestión pública. Sin embargo, resaltó que en este caso el trámite ha contado con participación activa de toda la Comisión de Hacienda, especialmente en el debate sobre las vigencias futuras. “

Si se conocen esos temas con tiempo, pues se dicen”, manifestó, criticando que algunos actores prefieran “alimentar con malas noticias”.

El diputado también mencionó que desde hace dos años se anuncian posibles demandas contra decisiones de la Asamblea, y que hasta el momento solo una ha sido admitida. Aclaró que será la justicia la encargada de resolver esos procesos y no la corporación.

Finalmente, aseguró a los demás diputados que, de existir algún vicio procedimental, este puede ser subsanado, respaldándose en herramientas jurídicas y sentencias que —dijo— así lo demuestran. Concluyó invitando a votar de manera positiva la aprobación del proyecto de ordenanza.

Postura de la oposición

La diputada Maryry Ortíz, denunció que la Administración departamental y su bancada en la Asamblea de Boyacá han adoptado una postura que, según afirmó, bloquea el debate y desconoce los argumentos de fondo y de procedimiento presentados sobre el trámite del presupuesto y otros proyectos de ordenanza.

Señaló que desde hace meses se vienen advirtiendo inconsistencias en los documentos radicados y cambios de última hora en anexos esenciales, así como la falta de respuestas a inquietudes planteadas en sesión.

Aseguró que, ante la ausencia de un diálogo serio y el desconocimiento de normas como la Ley 2200, la oposición decidió acogerse al estatuto que los faculta a retirarse del recinto como señal de protesta, pues —sostuvo— el gobierno departamental dio la orden de aprobar el presupuesto “A pupitrazo”.

La diputada también criticó el manejo del cronograma legislativo por parte de la presidencia de la Asamblea, al que calificó como “poco disciplinado”, con citaciones cambiantes y radicaciones tardías.

Advirtió que varios proyectos permanecen represados y que, probablemente, se convocarán sesiones extraordinarias para evacuar pendientes.

Finalmente, cuestionó que el presupuesto departamental fuera aprobado sin atender preguntas sobre indicadores, asignación de recursos ni modificaciones en los proyectos incluidos, lo que, a su juicio, evidencia una estrategia para evitar la deliberación y limitar el control político.

Argumentos de la Presidencia

Durante la sesión, el presidente de la Corporación Jhon Alexander López defendió la validez de la citación al debate del presupuesto departamental, afirmando que el orden del día fue anunciado y aprobado sin objeciones por parte de la oposición.

Criticó lo que calificó como un “doble rasero” de los diputados Carlos Torres y Marjory Ortíz, quienes —según dijo— apelan a la jurisprudencia para justificar su retiro del recinto, pero desconocen otras normas y sentencias cuando estas respaldan el trámite del proyecto.

El diputado, anunció un voto “de conciencia”, sustentado en el estudio jurídico realizado con el acompañamiento de abogados de la Asamblea y de la Gobernación, y destacó que los eventuales vicios de procedimiento pueden ser subsanados.

Aseguró que no se han vulnerado principios esenciales como publicidad, transparencia y deliberación.

Asimismo, recordó que, aún si el proyecto se archivara por un vicio, el gobernador podría aprobar el presupuesto por decreto, por lo que la votación de la Asamblea no perdería continuidad.

Finalmente, pidió que el acta de la sesión sea transcrita de forma completa y reiteró su respaldo a la ponencia, insistiendo en que las observaciones planteadas ya fueron discutidas y aclaradas.