Corte ordena política pública para garantizar derechos de madres gestantes y lactantes en prisión
Se identificaron falencias en los servicios de salud y alimentación entre otros.
Tras practicar 1.100 encuestas en cárceles del país, el 85% de mujeres eran madres al momento de su encarcelamiento y el 54% de ellas sostenían hogares con hijos menores de edad. Foto: Getty Images(Thot)
JUSTICIA
La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional del sistema penitenciario identificó graves fallas que ponen en riesgo los derechos fundamentales de las mujeres gestantes, madres lactantes y niños menores de tres años que conviven con ellas en centros carcelarios del país.
Entre las principales problemáticas halladas se encuentran la deficiente prestación del servicio de salud; fallas en las raciones alimentarias y en la dieta especial requerida; carencia de atención psicológica y psiquiátrica especializada, y la ausencia de estrategias para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas al interior de los establecimientos de reclusión.
Corte ordena creación de política pública
Ante este panorama, la Corte ordenó a varias entidades del Gobierno, entre ellas el Ministerio de Salud, Hacienda, Justicia, el INPEC, la USPEC que de manera coordinada, formulen una política pública integral y diferencial para esta población.
Según el magitrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, la normativa deberá incluir:
- Enfoque de género y protección de la primera infancia
- Adecuación de infraestructura.
- Mejoramiento del servicio de salud.
- Disponibilidad de especialistas en pediatría.
- Programas de nutrición.
- Capacitación en derechos sexuales y reproductivos.
- Estrategias frente al consumo de sustancias psicoactivas y un esquema claro de financiación, supervisión y control.
Como medida adicional, la Corte ordenó al ICBF realizar visitas trimestrales a los centros de reclusión donde se encuentren mujeres gestantes, lactantes o con niños, y remitir informes periódicos al Ministerio de Salud.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y el INPEC deberán implementar campañas permanentes de sensibilización para el personal penitenciario, en aras de proteger los derechos de esta población especialmente vulnerable.
Finalmente, la Corte ordenó a la Policía Nacional recopilar datos sobre las mujeres detenidas, incluyendo gestantes, lactantes y madres de niños menores de tres años, para facilitar el seguimiento de las medidas en centros de detención transitoria.
