Ministerio de Hacienda en riesgo fiscal por atraso en bonificación judicial para sus empleados
A seis semanas de terminar el año, 59 mil trabajadores judiciales siguen sin recibir su bonificación legal
La Contraloría General de la República alertó sobre serios riesgos fiscales y jurídicos debido a que 59 mil empleados del sector justicia aún no han recibido la bonificación que por ley debe pagarse cada año y cuyo valor debe actualizarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La bonificación, creada por el Decreto 383 de 2013, debe pagarse mensualmente y reajustarse anualmente, pero en 2025 el Gobierno Nacional no ha expedido el decreto que fija el incremento correspondiente. Han pasado once meses sin que se defina el valor, lo que ha impedido que los servidores judiciales reciban este componente de su salario.
Según la Contraloría, esta omisión vulnera el derecho de los funcionarios a recibir sus salarios y prestaciones en las condiciones establecidas por la ley, y expone al Estado a reclamaciones, tutelas y posibles pagos retroactivos que podrían convertirse en pasivos contingentes y afectar el equilibrio presupuestal del ministerio de hacienda.
Las entidades del sector justicia han solicitado en varias ocasiones al Ministerio que defina el reajuste y asigne los recursos necesarios para poder realizar los pagos acumulados. La falta de definición también genera presiones adicionales sobre el gasto de personal y afecta los principios de planeación, anualidad y sostenibilidad fiscal.
La Contraloría instó al Gobierno Nacional a actuar con eficiencia en el uso de los recursos públicos, evitar reprocesos administrativos y prevenir mayores costos derivados de intereses, sanciones o ajustes tardíos.