Ministerio de Ambiente aclara que sanción contra la ministra encargada por desacato no está en firme
Según el Juzgado que emitió la decisión, la ministra no allegó información sobre convenios suscritos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), relacionados con La Mojana.
Irene Vélez, exministra de Minas y Energía de Colombia (Foto vía COLPRENSA)
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se pronunció luego de conocerse la decisión del Juzgado Tercero de Familia de Montería, que ordenó cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes contra la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres.
A través de un comunicado, la entidad explicó que la sanción no se encuentra en firme, ya que está en grado jurisdiccional de consulta, lo que implica que deberá ser revisada por una autoridad judicial superior antes de su ejecución, que en este caso sería el Tribunal Administrativo de Córdoba.
El Ministerio indicó que el incidente se originó en el trámite de un derecho de petición que fue atendido en los tiempos establecidos, y que se enviaron al juzgado los soportes y certificaciones correspondientes.
Según la cartera, la medida impuesta resulta desproporcionada, por lo que confía en que será revocada durante la revisión.
El comunicado también señala que la responsabilidad en los incidentes de desacato recae sobre el funcionario encargado del trámite y no directamente sobre la ministra, por lo que no existe conducta negligente atribuible a ella.
Finalmente, el Ministerio de Ambiente reiteró su respeto por las decisiones judiciales y su compromiso con la transparencia, la colaboración interinstitucional y el cumplimiento de los principios de buena fe y lealtad procesal.
¿Por qué fue emitida esta sanción?
La medida se impone por desacatar una orden judicial derivada de una acción de tutela que falló el pasado 29 de agosto de 2025. La decisión responde al incidente de desacato interpuesto por el abogado Manuel Navarro Manchego, quien actúa en defensa de los habitantes de La Mojana.
Según el Juzgado, la ministra incumplió la obligación de entregar información pública sobre los convenios suscritos entre el Ministerio de Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) relacionados con obras y proyectos ejecutados en esta región.