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JEP busca que otras agencias de la ONU acompañen la implementación de las sanciones restaurativas

Esto después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una nueva resolución que reduce el alcance del mandato de la Misión de Verificación, limitando su papel en el seguimiento directo de la ejecución de las sanciones de la JEP.

AME1410. BOGOTÁ (COLOMBIA), 19/02/2025.- El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Bogotá (Colombia). La JEP imputó a cuatro generales retirados del Ejército colombiano y a otros 35 oficiales y suboficiales los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 442 asesinatos de civiles presentados como bajas combate, ocurridos en el departamento de Antioquia entre 2004 y 2007, informó el alto tribunal. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega

Colombia

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, anunció que la entidad está gestionando con Naciones Unidas la posibilidad de que otras agencias del sistema internacional, diferentes a la Misión de Verificación, asuman el acompañamiento y respaldo a la implementación de las sanciones restaurativas impuestas por el Tribunal para la Paz.

La declaración se da después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una nueva resolución que reduce el alcance del mandato de la Misión de Verificación, limitando su papel en el seguimiento directo de la ejecución de las sanciones de la JEP.

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“Estamos trabajando de la mano del sistema de Naciones Unidas, que nos ha manifestado su apoyo permanente en la búsqueda del restablecimiento de los derechos de las víctimas y de la seguridad jurídica de los comparecientes”, afirmó el magistrado Ramelli.

“El apoyo a la Jurisdicción sigue intacto, y estamos explorando, en el marco de esta nueva resolución, otras vías habilitadas en el Acuerdo de Paz, como el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que nos permitan seguir trabajando en el acompañamiento de las sentencias”, agregó.

Según el presidente de la JEP, la intención es que el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, más allá de la Misión de Verificación, continúe apoyando la justicia transicional a través de mecanismos técnicos, institucionales y de derechos humanos que fortalezcan el cumplimiento de las sanciones y el seguimiento a las medidas restaurativas.

Reunión con agencias del Sistema de Naciones Unidas

De acuerdo con un comunicado oficial, la JEP sostuvo un encuentro con representantes de distintas agencias de la ONU en Colombia, con el objetivo de evaluar el papel de la organización en el acompañamiento internacional a la Jurisdicción, tras la modificación del mandato de la Misión de Verificación.

Durante la reunión, las agencias ratificaron su apoyo técnico y político al trabajo del tribunal y reconocieron los avances en la implementación del sistema de verificación de las sentencias.

Además, según informó la JEP, expresaron su disposición a mantener la cooperación internacional en el marco de la reciente resolución del Consejo de Seguridad y del Acuerdo Final de Paz.

Fortalecimiento del acompañamiento internacional

El magistrado Ramelli señaló que la JEP mantiene abiertos los canales de diálogo con el sistema de la ONU para explorar nuevos mecanismos de verificación de las sanciones, que podrían incluir la participación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otras agencias especializadas en temas de justicia, desarrollo y derechos de las víctimas.

“Hemos dejado abierta la posibilidad de construir y definir mecanismos de verificación que garanticen transparencia y confianza. La Oficina de Derechos Humanos, por virtud de lo que define el Acuerdo de Paz, tendría un mandato que le permitiría realizar esa tarea”, explicó.

Compromiso con las víctimas y el componente étnico

La JEP destacó que mantiene activos sus propios mecanismos de monitoreo y verificación, liderados por la Sección de Reconocimiento de Verdad y la Secretaría Ejecutiva, que realizan un seguimiento permanente al cumplimiento de las sanciones con participación de las comunidades y la Procuraduría General de la Nación.