Contrato de pasaportes con Portugal es un atajo ilegal que elude la licitación pública: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación no solo busca tumbar el multimillonario contrato para la fabricación de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal, sino que asegura que el convenio se estructuró como un “atajo ilegal” que eludió deliberadamente los mecanismos de selección competitiva, diseñados para garantizar transparencia y el mejor uso de los recursos públicos. Así lo afirmó para 6AM de Caracol Radio el procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa.

La entidad interpuso una demanda de nulidad total ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca contra el convenio interadministrativo suscrito por la Cancillería y la Imprenta Nacional, por un valor superior a los 1.3 billones de pesos. Según Melgosa, la investigación preventiva reveló que la esencia del problema radica en la elección de una modalidad de contratación que no se ajustaba a la ley.

“Se eludió un proceso competitivo, teniendo en cuenta que se tenía que adelantar una licitación pública, es decir, un proceso que garantizara la pluralidad de oferentes. Eso no se hizo. Fue un atajo ilegal”, sentenció el procurador Melgosa, destacando el que considera el principal vicio del contrato.

Esta afirmación contundente sirve como el eje central de la acción legal, que busca no solo invalidar el convenio sino sentar un precedente sobre el rigor que debe acompañar a la contratación de alto valor en el Estado.

Los vicios de fondo: más allá de la modalidad

Melgosa detalló que las irregularidades no se limitan a la elusión de la licitación. El ente de control identificó un conjunto de vicios que, en su conjunto, configuran una lesión a la legalidad y al patrimonio público.

Uno de los puntos más críticos tiene que ver con la financiación. La normativa colombiana establece que cuando se contrata con una entidad pública extranjera y su financiación es inferior al 50% del valor total, el proceso debe regirse por las reglas del Estatuto General de la Contratación colombiano. “En este caso, la financiación de la empresa extranjera apenas alcanza el 21% del total del valor del contrato. Por lo tanto, era inaplazable un proceso competitivo”, explicó.

A esto se suman graves fallas en la governance interna de la Imprenta Nacional. “La junta directiva aprobó de manera irregular un contrato a diez años. No existen actas, no se aprobaron debidamente las vigencias futuras”, denunció Melgosa. Además, cuestionó que los compromisos de pago se pactaron en euros, una práctica que las disposiciones del Banco de la República prohíben, salvo para operaciones cambiarias específicas, lo cual no era el caso.

La Procuraduría también encontró una total falta de soporte técnico y financiero. “No hubo una debida planeación. El proyecto se presentó a la junta directiva de manera improvisada y no se tiene claro cómo se pactó la estructura de pagos a lo largo de una década”, aseguró el procurador delegado.

Consecuencias para el ciudadano y el estado

Frente a la preocupación de los colombianos sobre la continuidad en la expedición del documento, Melgosa fue claro: la responsabilidad de garantizar el servicio recae sobre la Cancillería. Aclaró que, por ahora, hay un contrato en vigor que debe cumplirse hasta abril de 2025, pero que la Procuraduría velará para que no se interrumpa la prestación del servicio a la ciudadanía.

Sobre las posibles consecuencias financieras, el procurador fue enfático: una de las pretensiones centrales de la demanda es la recuperación del dinero. “Una de las consecuencias de la nulidad es que las cosas vuelvan a su estado anterior. Dentro de las pretensiones está que los recursos que se le hayan pagado a la Casa de la Moneda de Portugal, en la medida de lo posible, les sean devueltos al Estado Colombiano”, declaró.

Esto abre la puerta a procesos de “enriquecimiento sin causa” si se determina que los pagos realizados no tuvieron una contraprestación válida o justa.

Melgosa también aclaró la separación de escenarios: mientras esta demanda se centra en la legalidad del contrato y se dirimirá en la jurisdicción contencioso-administrativa, las investigaciones disciplinarias contra los ex cancilleres Álvaro Leyva y Luis Gilberto Murillo, y la actual canciller, Laura Sarabia, por el “embrollo” inicial de los pasaportes, son procesos independientes que corren por otra vía dentro del Ministerio Público.