Defensa rechaza acusaciones de la Fiscalía y niega irregularidades en contratos con el AMVA
La defensa asegura que la Fiscalía erró en sus afirmaciones y manifestó que una medida de aseguramiento es una sanción injustificada.
Medellín, Antioquia
Durante la audiencia preparatoria para definir una posible medida de aseguramiento contra Yaneth Rúa García, exfuncionaria del Área Metropolitana, y los exrepresentantes legales de los Bomberos de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús González, la defensa técnica de los tres imputados rechazó de manera enfática las acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
Según los abogados defensores, no hubo irregularidades en los seis contratos investigados, y señalaron que la compra de elementos a precios menores para luego ser facturados al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) no constituye ninguna conducta delictiva. “Con la factura del contratista bomberos es suficiente para acreditar el cumplimiento del contrato”, argumentaron.
Señalan falencias probatorias de la Fiscalía
La defensa además insistió en que la Fiscalía no ha aportado pruebas contundentes, sino que se ha limitado a presentar una “narrativa sin evidencia”, en especial frente a los presuntos servicios que no habrían sido prestados. Uno de los casos señalados por el ente acusador involucraba a un supuesto conductor sin licencia, pero los abogados revelaron que sí contaba con el documento, aunque registrado con número de tarjeta de identidad y no con el de la licencia de conducción.
También desvirtuaron las acusaciones relacionadas con la presunta preparación de testigos, indicando que el declarante que se habría reunido con un abogado solo lo hizo 30 minutos antes de su intervención, lo cual descarta cualquier hipótesis de manipulación. “¿Cuál es la influencia o premeditación cuando ni siquiera hubo un encuentro previo significativo?”, cuestionaron los defensores ante el juez.
Medida de aseguramiento sería una “sanción anticipada”, advirtieron
Uno de los ejes de la intervención fue el llamado a la proporcionalidad. La defensa alegó que imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario generaría una afectación desproporcionada e injustificada, ya que estos procesos pueden tardar años. “Esto no puede convertirse en una sanción adelantada. El juicio tomará demasiado tiempo y la privación de libertad sería injusta”, sostuvieron.
Cuestionan tesis del sobrecosto
Frente a los argumentos del ente acusador, según los cuales el peculado se habría consumado al venderle al AMVA productos con sobreprecios, partiendo de registros en los mismos discos duros contables de Bomberos de Itagüí, la defensa respondió: “Eso es un dislate de tamaño colosal”. Insistieron en que el hecho de que se haya comprado barato y facturado con margen no configura un delito per se, ni tampoco prueba una apropiación indebida.