La Defensoría plantea 5 puntos clave para frenar atentados contra guardianes del INPEC

Bogotá

Ante la ola de atentados que se han registrado en el país contra los guardianes del INPEC la Defensora del Pueblo, Iris Marín, le envió una carta al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y al director del INPEC, Daniel Gutiérrez, en la que propone una hoja de ruta para fortalecer la respuesta del Estado.

Los cinco puntos clave de la propuesta

• Diseñar e implementar una ruta integral de protección a la vida dirigida a los servidores penitenciarios, que contemple medidas preventivas, mecanismos de alerta temprana, canales seguros de denuncia y un acompañamiento institucional efectivo para aquellos funcionarios que se encuentren en situación de amenaza.
• ⁠Despliegue un puesto de mando unificado que permita centralizar las acciones a desplegar, coordinar su ejecución con todos los actores involucrados y hacerles el seguimiento respectivo para su correcta implementación.
• Impulsar estrategias jurídicas orientadas a reducir el hacinamiento en los establecimientos de reclusión del orden nacional, mediante la identificación temprana de alertas procesales que puedan derivar en libertades, como vencimientos de términos, aplicación de subrogados penales, beneficios administrativos, entre otros.
• Brindar apoyo psicosocial y jurídico a las familias de los funcionarios fallecidos y heridos en los hechos ocurridos los días 3 y 4 de octubre de 2025, a través de las Defensorías Regionales de la Defensoría del Pueblo.
• Despliegue un puesto de mando unificado que permita centralizar las acciones a desplegar, los actores involucrados y hacerle el seguimiento respectivo a su correcta implementación.

La Defensoría del Pueblo asegura que, si se aplican estas acciones como medida prioritaria se podría generar una articulación efectiva de toda la institucionalidad, en el marco de sus competencias, para avanzar hacia un sistema penitenciario más humano y respetuoso de los derechos fundamentales de todos sus actores.

Ante la gravedad de la situación, se propone evaluar la eventual declaratoria de una emergencia carcelaria, medida que, según la Defensoría, representaría una oportunidad para que el INPEC active canales institucionales y ponga en marcha estrategias coordinadas.