La Defensoría califica como violaciones de derechos humanos las agresiones en Medellín
Los hechos se presentaron en la marcha en apoyo a Palestina y los involucrados son integrantes de los equipos de gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín
Defensora del Pueblo, Iris Marín. Foto EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo
Bogotá
Durante la jornada de la “Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina”, realizada en Medellín, se presentaron hechos que, según la Defensoría del Pueblo, podrían calificarse como violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de los equipos de gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín, en contra de manifestantes que protestaban en solidaridad con el pueblo palestino. La agresión dejó como resultado dos personas heridas.
“En ningún caso deben impartirse o ejecutarse instrucciones orientadas a la disolución violenta de las marchas o concentraciones ciudadanas, especialmente si la disolución es realizada por contratistas que no hacen parte de los contingentes de la Policía que sí tienen formación especializada en el uso de la fuerza en contextos de protesta social. Los gestores no tienen funciones de uso de la fuerza, tampoco de disolución de manifestaciones”.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, reitera que la protesta pacífica es un derecho de participación democrática y ejercicio de la libertad de expresión, reconocido por la Constitución Política de Colombia y protegido por los estándares internacionales de derechos humanos.
“Su ejercicio debe garantizarse en condiciones de libertad, seguridad y respeto, salvaguardando la vida la integridad de las personas y los bienes públicos y privados. Llamo a las autoridades locales para que toda actuación institucional primero garantice el derecho de protesta en el marco de las manifestaciones y concentraciones. Segundo, en los eventos en que se presenten excesos en la protesta, estos deben ser contenidos inicialmente a través del diálogo en el que la Defensoría del Pueblo puede cumplir una labor de mediación. Tercero, se evite la estigmatización de protestantes y de la protesta misma, al identificarla directamente como si fueran acciones delictivas. Cuarto, cuando sea absolutamente indispensable el uso de la fuerza para contener excesos violentos, éste se debe realizar únicamente por las fuerzas de policía especializadas, es decir, por el UNDEMO. Estas intervenciones se deben regir por los principios de proporcionalidad, necesidad, precaución y diferenciación.”.
Iris Marín también expresó su preocupación por actos atribuidos al concejal Andrés Rodríguez, en los que se le observa portando un bate y profiriendo expresiones violentas contra los manifestantes.
“Este tipo de comportamientos constituyen una incitación a la violencia e implican un incumplimiento del deber de los servidores públicos de promover la paz y proteger los derechos de todas las personas. Las instituciones del Estado deben ser garantes de derechos, no generadoras de nuevos riesgos”.
La Defensoría del Pueblo llama a las autoridades para iniciar las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes contra los funcionarios que, en ejercicio de sus funciones, hayan podido exceder el marco de sus competencias y deberes.