Juez envía ultimátum por consultas previas de Sirius 2 en La Guajira
El Ministerio del Interior, Ecopetrol y Petrobras enfrentan proceso de desacato.
Yacimiento de gas SIRIUS - 2. Foto: Suministrada
El Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha advirtió al Ministerio del Interior, Ecopetrol S.A. y Petrobras que cuentan con un plazo máximo de 24 horas para cumplir con la sentencia de tutela que amparó los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes de La Guajira.
La orden judicial fue impartida por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 14 de mayo de 2025, que dispuso iniciar un trámite administrativo para determinar cuáles comunidades de Dibulla, Riohacha, Uribia y Manaure deben ser consultadas antes de la ejecución del proyecto de gas natural SIRIUS-2 y la construcción de un gasoducto submarino de más de 200 kilómetros.
La advertencia judicial
El despacho, en cabeza de la juez Kelly Johanna Nieves Chamorro, recordó que el plazo inicial de un mes ya expiró y que, a la fecha, las entidades no han dado cumplimiento a lo ordenado.
Por ello, se requirió que informen los nombres, cargos y direcciones electrónicas de los funcionarios responsables y de sus superiores jerárquicos.
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La juez fue enfática: si las entidades no cumplen, se impondrán sanciones por desacato a los responsables, en concordancia con la sentencia C-367 de 2014 de la Corte Constitucional, que faculta a los jueces para garantizar el cumplimiento de los fallos en un plazo máximo de diez días.
Voces de las comunidades
El abogado Pablo Segundo Ojeda, representante de las organizaciones demandantes, denunció que han transcurrido más de 86 días hábiles sin que el Ministerio del Interior expida el acto administrativo ordenado.
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“Se está vulnerando el derecho fundamental al debido proceso y a la consulta previa de más de 3.000 comunidades indígenas y afrodescendientes en la zona costera de La Guajira”, aseguró.
Además, denunció que Ecopetrol y Petrobras han intentado acercamientos con líderes comunitarios mediante proyectos y becas, pero fuera del marco legal de la consulta previa, lo que ha sido rechazado por las autoridades tradicionales.
Riesgo de mayor conflicto
El incumplimiento no solo amenaza los derechos de las comunidades, sino que también podría retrasar los planes del Gobierno y de las empresas para poner en marcha la explotación de gas en 2029.
Las comunidades han advertido que, si no se garantiza la consulta previa, podrían recurrir a manifestaciones pacíficas y bloqueos para exigir el respeto a sus derechos colectivos y ambientales.
