Procuraduría archivó investigación por la Clínica de la 80 contra exfuncionarios de Daniel Quintero
El ente de control prescribió la acción por vencimiento de términos. Por este caso hay otro proceso abierto en pliego de cargos.
Clínica de la 80 / Alcaldía de Medellín
Medellín, Antioquia
La Procuraduría General de la Nación archivó una investigación disciplinaria que cursaba contra Jennifer Andree Uribe, exsecretaria de Salud; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; y Wilder Echavarría Arango, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU–, por la operación de la Clínica de la 80 durante la pandemia.
En la decisión firmada por la procuradora tercera delegada para la Contratación Estatal, Gloria Yanet Quintero, se declara la extinción de la acción disciplinaria por prescripción, ya que el plazo legal para adelantar el proceso venció sin que se profiriera fallo de fondo. La providencia indica que no procede recurso alguno y se abstiene de enviar copia a la Veeduría de la Procuraduría.
Tras conocerse la decisión, Wilder Echavarría, exfuncionario de la administración de Daniel Quintero, celebró el archivo del proceso en sus redes sociales:
“¡La verdad siempre triunfa! La Procuraduría archiva el proceso por la Clínica de la 80. Se cae otra de las infamias con las que los políticos mezquinos de la derecha rancia de Medellín nos persiguieron”.
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Otro proceso sigue abierto con pliego de cargos vigente
En enero de 2025, la misma Procuraduría formuló pliego de cargos contra otros tres exsecretarios del gabinete de Daniel Quintero por presuntas irregularidades en la contratación de equipos médicos para esa misma Clínica de la 80. El órgano de control señaló a Jennifer Andree Uribe Montoya (exsecretaria de Salud), Natalia Andrea Jiménez Pérez (exsecretaria General) y Karen Bibiana Delgado Manjarrés (exsecretaria de Suministros y Servicios) como presuntas responsables de irregularidades en la celebración de un contrato de transacción con la Fundación Colombiana de Cancerología “Clínica Vida”, suscrito el 12 de mayo de 2022 por valor de $12.007 millones.
De acuerdo con la Procuraduría, el contrato se habría firmado con serias omisiones en los requisitos legales y técnicos. Uno de los aspectos más graves fue la supuesta falsedad ideológica en documento público, al haberse afirmado en el contrato que este contaba con la aprobación del Comité de Conciliación de la Alcaldía de Medellín, aval que, según el expediente disciplinario, no existía al momento de la firma.
Además, el Ministerio Público advirtió que el monto pactado en el contrato —$12.007 millones— representaba casi el 50 % de la inversión pública previa en la adecuación del centro asistencial, que ascendía a $23.744 millones. Esa diferencia habría generado un presunto detrimento patrimonial, toda vez que los activos y adecuaciones financiadas con recursos públicos habrían sido cedidos sin el debido soporte técnico ni proceso de enajenación autorizado.