Caso Valeria Afanador: Familia denuncia omisiones y posibles negligencias de las autoridades
Mediante una Comunicación la familia de la niña de 10 años desaparecida el 12 de agosto pide celeridad en el proceso y aseguran que se han presentado vacíos den la investigación.
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Cajicá / Cundinamarca
Asegura la Familia Afanador Cárdenas mediante un comunicado conocido por Caracol Radio que, hay graves irregularidades en la investigación por la desaparición de Valeria (10 años) en Cajicá ocurrida el 12 de agosto de 2025. “Exigimos que se respete el mandato constitucional que declara que el “derecho a la vida es inviolable” así como los derechos fundamentales de los niños a la vida e integridad física que el Estado tiene el deber de proteger. La Constitución es categórica: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño” y establece que “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás” Colombia también ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991), que reconoce el “derecho intrínseco a la vida” del menor y exige que su interés superior sea “consideración primordial” en toda actuación estatal”. Explicaron.
Posibles negligencias institucionales en el caso de Valeria Afanador.
Asegura la Familia Afanador que, la Defensoría del Pueblo ya alertó sobre “graves deficiencias” en el manejo del caso, señalando que se “incumplieron los principios del interés superior de la niñez y de protección integral”, lo cual produjo un “incumplimiento grave del deber estatal de protección integral y restablecimiento de los derechos de la menor”.
Aseguran que las conclusiones de la Defensoría del Pueblo confirman sus sospechas de que las autoridades (Fiscalía General, CTI y Policía Nacional) han actuado con demoras. Alertan que no se activaron a tiempo protocolos vitales: por ejemplo, la circular amarilla de Interpol para la localización fue emitida sólo siete días después de la desaparición.
La familia rechaza que incluso la institución educativa haya tardado en notificar la ausencia de Valeria, pero subraya que ello no exime al Estado de su responsabilidad principal. Hasta hoy desconocemos qué acciones concretas han asumido el CTI y la Policía: no hay información clara sobre diligencias en cámaras de seguridad ni sobre interrogatorios a testigos. Nos llena de rabia e incredulidad que, ante la posible desaparición forzada (prohibida expresamente por la Constitución), la Fiscalía no haya desplegado todas sus fuerzas desde el primer día. Las evidencias apuntan a omisiones y negligencias imperdonables por parte de aquellos a quienes pagamos para proteger a los ciudadanos.
Exigencias a autoridades estatales e internacionales
La familia exige la intervención inmediata y contundente de todas las instancias competentes:
- Fiscal General de la Nación: para que informe públicamente los avances de la investigación y ordene la activación máxima de recursos para la localización de Valeria.
- Defensor del Pueblo: para que ejerza control y protección especial del caso, salvaguardando los derechos de nuestra hija y de la familia.
- Procuraduría General de la Nación: para que investigue disciplinariamente a los funcionarios omisos (fiscales, policías y demás involucrados) y sancione las negligencias detectadas.
- Ministerio de Educación: para que responda por la falta de acción oportuna del colegio y garantice la protección de todos los niños frente a hechos violentos o desapariciones en el ámbito escolar.
- Presidencia de la República: para que se comprometa públicamente con la búsqueda de Valeria y con la restauración de los derechos que se han vulnerado, asumiendo liderazgo político en el caso.
- Organismos internacionales de derechos humanos (CIDH, ONU, UNICEF, etc.): para que monitoreen el caso, respalden nuestras exigencias de justicia y presionen al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones.
Estas demandas no son peticiones de parte, sino deberes legales: de hecho, la Constitución admite que “Cualquier persona puede exigir” el cumplimiento de estos derechos. Insistimos en que las autoridades cumplan con la letra y el espíritu de la ley, activando todos los mecanismos institucionales dispuestos para la protección de la infancia y la investigación criminal.