Los “pudientes” de Magangué y Mompox también roban energía eléctrica

Estas conexiones permitían el suministro directo de energía sin pasar por medidores, lo que constituye un delito penal tipificado como defraudación de fluidos (artículo 256 del Código Penal), sancionado con penas de 16 a 72 meses de prisión y multas que van de 1,33 a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Cuadrillas de Afinia confirmaron estas irregularidades durante un recorrido realizado ayer, evidenciando que el fenómeno no se limita a sectores industriales o comerciales o barrios eléctricamente subnormales: también se repite en zonas residenciales y de estratos altos.

Este tipo de conexiones directas evita el registro real del consumo en el contador y genera pérdidas millonarias a la compañía. A nivel regional, Afinia estima pérdidas no técnicas cercanas a $1 billón anual, lo que equivale al 28% de la energía adquirida pero no facturada.

Además del impacto económico, estas prácticas representan un riesgo grave para la comunidad: los circuitos sobrecargados y las conexiones improvisadas pueden provocar incendios, electrocuciones y cortes masivos en el servicio.

Para contrarrestar este flagelo, Afinia ha fortalecido campañas de sensibilización, jornadas de inspección, conciliaciones con usuarios e implementación de tecnología para identificar el hurto de energía.

En mayo de 2025, por ejemplo, se citaron a 34 usuarios en Cartagena y Montería por irregularidades que sumaban 325.714 kWh equivalentes a $333 millones, además de impulsar la campaña “Conectados a lo legal”, que promueve la participación ciudadana y las denuncias a través de PQR, líneas telefónicas y la aplicación Afiniapp.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En definitiva, cada fraude no solo flagela a la empresa: incrementa las pérdidas que terminan repercutiendo en las tarifas y en la calidad del servicio que reciben los usuarios cumplidos.