Red de Veedurías denuncia irregularidades en proyecto que vulneraría derechos colectivos en Mocoa
El organismo indicó que detrás del proyecto adelantado por Corpoamazonía que busca declarar al 70% del municipio de Mocoa como área de reserva se esconden “intereses politiqueros”
Avalancha Mocoa. (Colprensa-Leonardo Castro)
La Red de Veedurías de Colombia denunció que, detrás de un trámite administrativo adelantado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía), que busca declarar cerca del 70% del municipio de Mocoa como área de reserva ambiental, se esconde una maniobra irregular que “al parecer, obedece a intereses politiqueros”.
De acuerdo con esta Red, la Corporación no avisó a la ciudadanía con antelación del desarrollo de este proyecto, que “pretende modificar instrumentos normativos de ordenamiento ambiental, desconociendo la participación de las comunidades”, lo que vulneraría el derecho fundamental de la consulta previa a los grupos étnicos que hacen parten de la región.
Red de Veedurías califica como “atropello” proyecto adelantado por Corpoamazonía
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, señaló que el proceso ha sido presentado con el pretexto de ser “una simple compilación y actualización” de instrumentos normativos, pero dejaría en el desamparo a campesinos e indígenas que dependen del territorio.
De este modo, las implicaciones de las acciones adelantadas por Corpoamazonía comprometerían tanto al desarrollo de la región como la legitimidad de las instituciones en materia ambiental.
Este organismo calificó como un “atropello” a este proyecto, del cual piden que se investigue su legalidad y sanciones contra los responsables de vulnerar derechos colectivos.
Agregan que: “La Amazonía es un bien sagrado, no un botín para unos pocos. Colombia necesita instituciones ambientales transparentes, comprometidas con la vida y con el futuro de la Nación”.
Bustos aseguró que “el proceder de Corpoamazonia configura una abierta vulneración de la Constitución, de la Ley 99 de 1993 que regula el Sistema Nacional Ambiental, así como del Convenio 169 de la OIT, que protege la consulta previa de los pueblos indígenas y tribales”.
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El presidente de la Red instó a la Procuraduría General de la Nación a “que active todos los controles necesarios frente a este proyecto, que fue publicado de manera agazapada”. En adición, reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades en este caso.