Grave crisis financiera afecta a los hospitales públicos de Boyacá por millonarias deudas de EPS

Boyacá

Los 13 hospitales públicos de orden departamental en Boyacá enfrentan una situación financiera crítica debido a las millonarias deudas acumuladas por Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) y otras entidades responsables de pago, especialmente aquellas bajo medidas de vigilancia especial o intervención administrativa.

Según cifras reportadas por la Contaduría General de la Nación a junio de 2025, la deuda total asciende a $822.116 millones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones y amenaza la continuidad de la atención a miles de pacientes en el departamento.

Los hospitales denuncian que en los últimos meses no se ha cumplido con el giro del 80% del valor facturado y radicado de la cartera corriente, tal como lo exige la normativa. Esta falta de liquidez ha limitado la capacidad de respuesta de los centros asistenciales, obligándolos a operar bajo fuerte presión financiera.

La deuda por hospital es la siguiente:

• Hospital Universitario San Rafael de Tunja: $269.535 millones
• Hospital Regional de Duitama: $131.261 millones
• Hospital Regional de Moniquirá: $113.473 millones
• Hospital Regional de Sogamoso: $72.374 millones
• Hospital Regional de Chiquinquirá: $67.862 millones
• Hospital José Cayetano Vásquez (Puerto Boyacá): $63.078 millones
• Hospital Regional II Nivel Valle de Tenza: $59.103 millones
• Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (Tunja): $17.014 millones
• Hospital San Antonio de Soatá: $16.156 millones
• Hospital Regional de Miraflores: $8.734 millones
• Hospital San Francisco (San Luis de Gaceno): $865 millones
• Hospital Especial de Cubará: $2.321 millones
• Hospital Baudilio Acero (Turmequé): $334 millones

Malas prácticas y demoras administrativasLos gerentes de los hospitales advierten que la crisis se agudiza por prácticas administrativas de las EAPB, entre ellas:

• Limitaciones en las plataformas de radicación de facturas, que retrasan la asignación de número de radicado.
• Citas de conciliación demoradas, especialmente con EPS intervenidas.
• Ausencia de mesas de trabajo para subsanar devoluciones, lo que impide contabilizar facturas por servicios prestados.
• Falta de delegados con poder de decisión en mesas de conciliación de la Circular 030, lo que bloquea la firma de acuerdos de pago.