Bogotá

Bloqueos del sector minero en Cundinamarca provocan crisis en movilidad, alimentos y salud

Las autoridades reportan cinco puntos bloqueados en la provincia de Ubaté, donde ya hay escasez de alimentos y combustible, afectaciones al sector lechero, problemas en el acceso a la educación y una incipiente crisis sanitaria.

Paro minero Cundinamarca.

Paro minero Cundinamarca.

Colombia

Las autoridades de Cundinamarca activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar la situación de orden público y seguridad en medio de los bloqueos que adelanta el sector minero en vías nacionales y departamentales. Actualmente hay cinco puntos críticos en Lenguazaque, Villapinzón, Tausa, Ubaté y Guachetá.

“Escuchamos a los alcaldes de los municipios de la provincia y la Fuerza Pública ha rendido informes acerca de las condiciones en las cuales se desarrollan estas protestas”, señaló la Gobernación, que advierte un impacto creciente en la economía y el bienestar de la población.

Escasez y pérdidas millonarias

El reporte oficial indica que los bloqueos han generado:

  • Escasez de alimentos y combustible.
  • Especulación en los precios de los productos básicos.
  • Pérdida de miles de litros de leche por restricciones de movilidad.
  • Afectaciones a otras cadenas agropecuarias como la papa.

Efectos en educación y salud

Las restricciones han impedido el paso de rutas escolares y docentes, así como el transporte de suministros para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Además, adultos mayores no han podido asistir a sus citas médicas y se reporta acumulación de residuos sólidos y orgánicos, lo que ya ha comenzado a generar una crisis sanitaria en algunos municipios.

Hechos violentos bajo investigación

Según el PMU, hay reportes de “hechos violentos y de afectación al patrimonio ocasionados por algunos manifestantes”, los cuales fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Llamado a corredores humanitarios

La Gobernación pidió a los once municipios mantener activos sus PMU y buscar acuerdos para establecer corredores humanitarios. “Protegemos el derecho a la manifestación pública y pacífica, pero también defendemos la no vulneración de los derechos fundamentales de quienes no hacen parte de la protesta”, afirmó la administración departamental.

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