Transportadores denuncian incumplimientos, abandono y falta de seguridad en las vías

Norte de Santander.

En medio del creciente descontento del gremio transportador, los pequeños transportadores de carga, firmantes de los acuerdos con el gobierno nacional, lanzaron un contundente pronunciamiento en el que rechazan el balance entregado recientemente por el Ministerio de Transporte y denuncian una serie de incumplimientos que agravan la crisis del sector.

Juan Carlos Bobadilla, secretario general nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), aseguró que el informe divulgado por el Ministerio no refleja la realidad y que los supuestos logros allí enumerados son, en su mayoría, inexistentes o han tenido retrocesos.

“El Ministerio habla de avances, pero la verdad es que las tarifas del sistema SICETAC han bajado, el precio del ACPM ha subido más de lo acordado, los peajes siguen en aumento, y la ilegalidad avanza sin control”, explicó Bobadilla, quien también denunció que algunos empresarios estarían utilizando contratos irregulares para operar al margen de la ley sin que la Superintendencia de Transporte intervenga.

La crítica también se extendió a la falta de voluntad de diálogo por parte de las autoridades. Bobadilla afirmó que, en varias ocasiones, la ministra de Transporte convoca reuniones y luego no asiste, lo que, sumado a la actitud indiferente de otros funcionarios, ha obstaculizado cualquier posibilidad de avance en las mesas de trabajo.

Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento es la crisis de seguridad que atraviesan los transportadores en las vías del país. Asesinatos, extorsiones, saqueos e incluso desplazamientos forzados forman parte del día a día de los conductores.

“Van 32 compañeros asesinados y las familias siguen esperando una respuesta. Mientras tanto, más de 100 mil millones de pesos recaudados por concepto de Seguridad Vial están guardados en el FOSEVI sin que se traduzcan en protección real para los conductores”, advirtió el dirigente.

Bobadilla también mencionó que esos recursos, en teoría, serían usados para adquirir equipos y fortalecer la seguridad en carretera, pero las licitaciones se han venido aplazando constantemente. “Primero dijeron que en noviembre, luego en diciembre, después en enero. A este paso, ya nadie cree en esas promesas”.

El gremio también alertó sobre el funcionamiento irregular de varias cámaras de fotodetección que, según denuncias, operan sin los permisos exigidos por la ley. “A los conductores les quitan el salario de todo un mes por multas ilegales que la Superintendencia conoce y no detiene”, sostuvo.

El gremio insiste en que hay disposición para el diálogo, pero reclama hechos concretos, no más aplazamientos ni promesas vacías. La presión sobre el gobierno aumenta, y el panorama en las carreteras del país es cada vez más tenso.