Secretaría de Transparencia denuncia presuntas irregularidades en adjudicación de tierras en Cesar
Las denuncias serán trasladadas a la Fiscalía General de la Nación.
Foto: cortesía.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República reveló una serie de presuntas irregularidades en la asignación de tierras a título gratuito, dentro del programa de reforma agraria impulsado por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, tras recibir múltiples alertas, la entidad inició una verificación minuciosa sobre los actos administrativos expedidos entre 2023 y 2025 por la Agencia Nacional de Tierras, en el marco del Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO).
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“Lo que encontramos es preocupante. Personas que aparecían como beneficiarias de resoluciones para acceder a tierras, también figuran con contratos estatales por sumas significativas, lo que pone en duda su condición de vulnerabilidad”, advirtió Idárraga.
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Las denuncias han generado controversia en el departamento, poniendo en el ojo del huracán a la directora seccional de la Agencia Nacional de Tierras, Alexandra Pineda, ficha clave del Pacto Histórico en el Cesar, movimiento político que la respaldó en su intención de llegar a la Gobernación en las pasadas elecciones regionales.
Presuntas irregularidades detectadas
De acuerdo con Idárraga, entre las entidades con las que los supuestos beneficiaros de adjudicación de tierras a titulo gratuito, firmaron contratos, aparecen la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el SENA, el DANE y FONADE. En algunos casos, los contratos superan los 150 millones de pesos en los últimos tres años, como el de Nelson Rafael Peñaranda.
La Secretaría indicó que, aunque las personas no han recibido materialmente los predios, sí figuran como beneficiarios en resoluciones que no han sido revocadas. Esto, según Idárraga, podría configurar un uso indebido del programa, destinado exclusivamente a personas en situación de alta vulnerabilidad económica y social.
“Estos casos podrían implicar falsedad ideológica, falsedad en documento privado y omisión de deberes. Hemos decidido trasladar esta información a la Fiscalía General de la Nación para que se determine si hay responsabilidad penal”, afirmó el secretario.
Finalmente, Idárraga aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro no permitirá que “personas inescrupulosas se queden con recursos que deben ir dirigidos a quienes realmente lo necesitan”.