Defensoría rechaza ataques a jueza Sandra Heredia del caso Álvaro Uribe: defiende independencia judicial
El respaldo es para la jueza Sandra Heredia, encargada del juicio Álvaro Uribe, quien enfrenta delitos por soborno
Jueza del caso Álvaro Uribe, Sandra Heredia, y la Defensora del Pueblo, Iris Marín
Bogotá
En momentos en que la jueza Sandra Heredia está sustentando el fallo que emitirá en medio del juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que determinará si es culpable o inocente de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, la Defensoría del Pueblo salió en defensa de la independencia judicial.
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“La Defensoría del Pueblo hace un llamado firme a toda la sociedad: Las decisiones judiciales deben respetarse, cualquiera que sea su contenido. Estigmatizar a una mujer por ejercer su rol como juzgadora es una forma de violencia que amenaza la independencia judicial y debilita el Estado de derecho. La justicia se honra cuando se respeta a quienes la administran. Las decisiones judiciales de los jueces se respetan. Solo de esta manera aseguramos un respeto del orden constitucional, garantizando la autonomía, la dignidad y la seguridad de quien la profiere”.
Juicio Álvaro Uribe: Defensoría resguarda la independencia judicial
La Defensoría del Pueblo reafirma que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado Social de Derecho y una garantía para la protección de los derechos fundamentales.
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“Esta independencia implica que los jueces deben ejercer su función con plena libertad, sin presiones indebidas ni descalificaciones que interfieran en su autonomía o debiliten la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia”.
Esta entidad asegura que, en una sociedad democrática, resulta indispensable reconocer y proteger el papel de las mujeres en la función jurisdiccional.
“Cuando una juez es objeto de señalamientos estigmatizantes por razón de su género o por el contenido de las decisiones que debe adoptar, no solo se vulnera su dignidad personal, sino que se afecta el equilibrio institucional y se perpetúan barreras históricas que impiden una justicia verdaderamente equitativa”.