“No hay nada del proceso de paz que me indique que vaya a reducir la violencia”: Ana María Salazar

Durante su participación en el Foro Ruta Regiones: Desafío de la Descentralización, que se realiza hoy en Medellín, la experta mexicana en seguridad Ana María Salazar advirtió sobre los riesgos de adelantar procesos de negociación con estructuras criminales sin que exista un verdadero control del Estado sobre sus capacidades y sin una estrategia que incluya a las regiones afectadas.

Salazar, quien fue subsecretaria adjunta de Defensa para Política Antidrogas de EE. UU. y enviada especial del presidente Bill Clinton para las Américas, hizo parte de las negociaciones del Plan Colombia a finales de los años 90. Desde su experiencia, alertó que muchas de las violencias actuales en América Latina son la continuidad de redes criminales que no se han desmontado completamente.

Sobre el contexto colombiano actual, donde el gobierno nacional ha abierto la puerta a negociaciones con distintos grupos criminales, la analista señaló que no hay evidencia de que se pueda reducir la violencia.

“Pero para mí no hay nada de este proceso que me indique que vaya a reducir la violencia en este momento a mediano o a largo plazo, a diferencia de otras negociaciones que ha habido con la Fuerza, porque es un tema de incentivos, o sea, si tú eres un delincuente y entras a un proceso de negociación, ¿cuáles son tus incentivos para otros delincuentes, o sea, no delinquir?”, señaló la exfuncionaria del Pentágono y de la Casa Blanca.

Según comentó, uno de los grandes errores en procesos anteriores ha sido excluir a las regiones sin medir el verdadero impacto territorial en búsqueda de la paz. Además, recalcó que si se va a negociar con estructuras del crimen organizado, es fundamental que el Estado tenga el control sobre esas personas buscando que se tenga un mediador con transparencia y claridad para toda la población.

“Entonces, si negocias con grupos criminales, tienes que estar seguro que tú controlas las capacidades que tienen estas personas y estas organizaciones, porque si delinquen, o no entregan todos sus bienes, o siguen en el negocio aún desde la cárcel, el Estado tiene que tener la capacidad de hacer uso de la fuerza. Ese es el primero. Y el segundo es estar dispuesto a levantarse de la mesa y hacer uso de la fuerza. Y tres, tener los recursos suficientes para poder hacer estos procesos de negociación”.

La analista concluyó que los gobiernos deben ser muy cuidadosos con los mensajes que envían en estos procesos de paz, y que cualquier estrategia debe garantizar que las comunidades afectadas por la criminalidad sean escuchadas y protegidas.