Ocho años después, reanudan juicio contra excontralor Sergio Zuluaga por escándalo en Antioquia
El excontralor, un exgerente del Hospital La María, una exauditora general y otras cinco personas están procesadas por usar recursos públicos en cirugías estéticas.
Sergio Zuluga, contralor de Antioquia. Foto: Colprensa
Medellín, Antioquia
Ocho años después del inicio del escándalo por la práctica de procedimientos estéticos presuntamente irregulares en el hospital público La María, en Medellín, este lunes 21 de julio se reanuda la audiencia de juicio oral contra el excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, la exauditora general de la República Laura Marulanda Tobón y otros seis procesados. Todos son señalados por su supuesta participación en una trama para beneficiarse con recursos públicos destinados a la salud.
El caso, conocido mediáticamente como el escándalo del “embellecimiento ilícito”, tuvo su origen en 2016, cuando el entonces gerente del hospital, William Marulanda Tobón, habría pactado con el contralor departamental un presunto intercambio de favores: el procedimiento estético practicado al funcionario a cambio de un concepto de auditoría favorable sobre la situación financiera del centro asistencial, adscrito a la Gobernación de Antioquia. En el expediente de la Fiscalía se afirma que Zuluaga se sometió a una abdominoplastia sin realizar pago alguno por este servicio quirúrgico.
“El señor Contralor General omitió dolosamente el cumplimiento de sus deberes que se derivan del cargo en el sentido de no haber auditado con su equipo de trabajo correctamente el Hospital La María, tal como quedó evidenciado en una auditoría realizada días después de haberse realizado la cirugía estética. El señor Contralor se practicó una cirugía plástica el 16 de abril de 2016 sin cancelar en el Hospital La María la suma de 5.197.323 pesos, los cuales no se incluyeron en la factura de cobro equivalentes a servicios médicos que se generaron concomitantes al procedimiento estético. El señor Contralor General omitió dolosamente el cumplimiento de sus deberes que se derivan del cargo en el sentido de no haber auditado con su equipo de trabajo correctamente el Hospital La María, tal como quedó evidenciado en una auditoría realizada días después de haberse realizado la cirugía estética”, relató el fiscal que lleva el caso.
¿Quiénes son los implicados?
El escrito de acusación también señala que otras personas cercanas al gerente aprovecharon su posición para acceder a intervenciones similares, entre ellas las hermanas de Marulanda —una de ellas, Laura Marulanda Tobón, quien había sido auditora general de la República—, su prima Johana Bedoya Tobón, y una trabajadora del hospital, María Eugenia Callejas Londoño.
En total, son ocho los procesados en el caso, entre quienes también figuran Diego Ceballos, exsubdirector médico del hospital, y Roberto Luis Suescún Rodríguez, excoordinador financiero, quienes habrían facilitado las anomalías administrativas y contables.
A todos ellos se les imputaron los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, tráfico de influencias de servidor público y falsedad ideológica en documento público.
Aunque algunos de los implicados han presentado comprobantes de pago por los procedimientos, según la Fiscalía, estos aportes se habrían efectuado de forma extemporánea, una vez el escándalo fue revelado por los medios de comunicación y se conocieron las primeras indagaciones judiciales.
En el caso de la exauditora Marulanda Tobón, el fiscal que lleva el caso detalló que se practicó procedimientos médicos por fuera de los canales regulares de facturación del hospital, y que no existe evidencia de un pago justo o previo por estos servicios.
Los responsables en cuidar el recurso público fueron los cuestionados
En uno de los apartes del juicio, el ente acusador afirmó que el uso indebido de los recursos públicos para beneficio personal no solo viola las normas presupuestales y éticas del servicio público, sino que pone en entredicho la transparencia de quienes tenían bajo su responsabilidad la vigilancia fiscal y la administración hospitalaria.
Durante las audiencias que continúan la semana del 21 de julio, se espera la intervención de seis testigos claves convocados por la Fiscalía General, quienes sustentarán los cargos y la hipótesis de que los implicados actuaron como parte de una estructura que permitió la desviación de recursos públicos con fines personales. La defensa de los procesados sostiene que todos los procedimientos fueron pagados y niega cualquier favorecimiento indebido o acuerdo ilegal.
A pesar del impacto mediático que tuvo el caso en su momento, el proceso judicial ha sido lento y ha sufrido múltiples aplazamientos, lo que ha generado críticas en torno a la eficacia del sistema judicial para enfrentar casos de corrupción administrativa.