Mineros en El Bagre se declararon en asamblea permanente por operativos del Gobierno Nacional
El gremio no descarta un cese de actividades si no se abren canales de diálogo con voceros del Gobierno Nacional.
Mineros protestaron en el municipio de El Bagre, Antioquia. Foto: NP Noticias.
Mineros del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, se reunieron en las últimas horas para manifestar su inconformidad con los recientes operativos del Gobierno Nacional contra la minería informal, actividad que, según ellos, es ancestral y fuente de sustento.
La reunión de los trabajadores terminó con una decisión clave: el gremio se declaró en asamblea permanente y no descarta un cese de actividades si no se abren canales de diálogo con el Gobierno Nacional.
Francisco Arrieta, vocero de la Mesa Minera del Río Nechí, aseguró que la comunidad minera siente que está siendo estigmatizada y perseguida.
“Las manifestaciones seguirán mientras persistan los ataques a los mineros informales y ancestrales y mientras el Ministerio de Defensa se niegue a reunirse con nosotros para avanzar en el proceso de formalización”.
Los trabajadores aseguran que los compromisos del Gobierno con los mineros de municipios como Caucasia, Nechí, Cáceres, Zaragoza, Tarazá y El Bagre no se han cumplido o presentan serios retrasos. Piden garantías laborales y que se respete su actividad como una forma de sustento tradicional en esa subregión del departamento.
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Operativos
Este nuevo episodio de tensión se da justo después de que el Gobierno anunciara un duro golpe contra la minería ilegal en la zona. En una operación conjunta entre la Policía y la Fuerza Aérea fueron destruidas 24 dragas y 9 excavadoras, maquinaria que, según el Ministerio de Defensa, era utilizada por el Clan del Golfo para extraer mensualmente cerca de 49 kilos de oro, generando ingresos cercanos a los $19.600 millones.
La maquinaria estaba avaluada en más de $55.000 millones y su destrucción representa una afectación directa a las finanzas del grupo armado ilegal, que tiene una fuerte presencia en el Bajo Cauca.
Mientras el Gobierno insiste en que la lucha es contra las estructuras criminales que controlan buena parte de la minería ilegal, los mineros aseguran que esa persecución también ha golpeado a quienes llevan décadas trabajando de manera tradicional, sin que exista una ruta clara para su formalización.