Imputan a exjuez que falsificó 30 fallos de magistrados del Tribunal Superior de Medellín
La exfuncionaria judicial habría puesto las firmas de los magistrados en fallos que nunca fueron discutidos por la alta corte.
Medellín, Antioquia
La Fiscalía General de la Nación imputó este jueves a la exjuez catorce penal municipal con funciones de control de garantías, Tatiana Alexandra Arroyave Baena, por los delitos de falsedad material en documento público y abuso de función pública.
La acusación se fundamenta en al menos 30 decisiones judiciales falsas, firmadas sin autorización por la entonces profesional especializada del despacho del magistrado Óscar Bustamante Hernández, en la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
Los hechos por los que Arroyave Baena fue imputada fueron revelados inicialmente por Caracol Radio en octubre de 2024, cuando tres magistrados del Tribunal —Óscar Bustamante Hernández, Leonardo Efraín Cerón Eraso y Ricardo De La Pava Marulanda— interpusieron una denuncia penal. Según el documento, la hoy juez habría falsificado fallos de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacato y consultas, utilizando sin consentimiento las firmas escaneadas de los magistrados.
Aunque la Fiscalía se refirió ahora a 30 decisiones, Caracol Radio informó en su momento que eran 32 los fallos espurios detectados, todos tramitados sin que los magistrados hubiesen tenido conocimiento ni dieran aprobación. Varios de estos fueron incluso emitidos en nombre de salas en las que los magistrados denunciantes no tenían competencia, como la de Asuntos Penales para Adolescentes.
Según las investigaciones, la imputada habría recurrido a esta práctica ilegal con el fin de evitar sanciones disciplinarias por el incumplimiento en los tiempos procesales. Las decisiones que Arroyave firmó fraudulentamente, utilizando las firmas digitales de los magistrados, contenían errores sustanciales y generaron quejas en el ámbito judicial por su contenido desajustado a la realidad de los casos.
Las denuncias
Uno de los elementos más graves del caso es que la denuncia fue formulada por los mismos magistrados que, meses antes, habían impulsado el nombre de Arroyave para ocupar el cargo de juez. Según se conoció, durante la pandemia, cuando se permitió el uso de firmas electrónicas escaneadas para trámites judiciales, Arroyave habría abusado de este mecanismo para validar documentos que nunca fueron discutidos ni aprobados.
Hasta el momento, la juez continúa en funciones, aunque ya se iniciaron los trámites para invalidar los fallos falsificados, mientras la Fiscalía avanza en el proceso penal. Caracol Radio conoció que, aunque no se ha vinculado el caso a una red de corrupción, la gravedad del comportamiento procesal de la funcionaria llevó a que la investigación pasara a etapa formal.
La Fiscalía recalcó que la conducta de Arroyave Baena no solo vulneró los principios de legalidad y debido proceso, sino que comprometió seriamente la confianza institucional en las decisiones judiciales.