La abogada monteriana María José Pérez bajo investigación, tras arresto domiciliario de su pareja
Un juez impuso brazalete electrónico a Joel Alonso González, acusado inicialmente de feminicidio agravado en grado de tentativa.
Joel Alonso González Salgado y María José Pérez.
Montería
Un juez de control de garantías dictó prisión domiciliaria con vigilancia electrónica para Joel Alonso González Salgado, capturado el 16 de abril por su presunta participación en un caso de feminicidio agravado en grado de tentativa.
La medida incluye el uso de un brazalete de monitoreo y la prohibición de contacto con la abogada María José Pérez, supuesta víctima de una agresión con bate de béisbol el 8 de diciembre de 2024 en Montería. Sin embargo, el caso ha tomado un giro inesperado luego de que Pérez modificara su testimonio ante el juez, afirmando que González no la agredió y describiéndolo como “un hombre bueno”, en contraste con sus declaraciones iniciales a medios.
Este cambio radical en la versión de los hechos ha llevado a que la Fiscalía inicie una investigación contra Pérez y su madre, testigo del caso, por presunto fraude procesal.
Según fuentes extraoficiales, la abogada habría admitido que sus heridas fueron causadas por un golpe con una mesa, y no por el ataque con un bate que denunció originalmente.
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El juez ordenó compulsar copias del caso para determinar si existió manipulación de la verdad durante el proceso judicial. Mientras tanto, González, quien evadió la justicia hasta su captura en Medellín, será trasladado a la cárcel Las Mercedes de Montería a la imposición del brazalete para luego cumplir su arresto domiciliario.
Caso controvertido
El caso ha generado controversia en la opinión pública, especialmente por las implicaciones que podría tener para futuras denuncias de violencia de género. Las autoridades insisten en que, independientemente del cambio en el testimonio de Pérez, el proceso contra González seguirá su curso bajo los parámetros legales establecidos. No obstante, la discrepancia entre las dos versiones de la víctima ha puesto en duda la credibilidad de las acusaciones iniciales, lo que podría influir en el desenlace judicial.
Por ahora, tanto González como Pérez enfrentan escrutinio legal: él por la agresión denunciada inicialmente, y ella por las inconsistencias en su relato.
El traslado del acusado a Montería y la implementación del brazalete electrónico marcan los próximos pasos en un caso que sigue evolucionando. Mientras la Fiscalía profundiza en las contradicciones de la abogada, el juez mantiene las medidas de protección para evitar posibles represalias, aunque la víctima original ahora niega la agresión.
El desarrollo de las investigaciones determinará si hubo un delito detrás del cambio de versión o si, por el contrario, se trató de un error en la interpretación de los hechos.