Según la JEP 28 exintegrantes del Ejército son máximos responsables en 604 falsos positivos
Les imputaron crímenes de guerra y de lesa humanidad por estos hechos perpetrados en la Costa Caribe
Imagen de referencia falsos positivos
Bogotá
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 28 exintegrantes del Ejército, entre ellos tres generales, crímenes de guerra y de lesa humanidad por 604 casos de falsos positivos en la Costa Caribe.
Esta justicia revisó 796 muertes reportadas como resultados operacionales, de las cuales 604, casi el 76%, fueron ilegales, entre ellas las de 26 menores de edad.
Los generales en retiro del Ejército señalados como máximos responsables son: Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes estuvieron al mando de la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Coronel Juan José Rondón y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, respectivamente, entre 2004 y 2006, junto con los brigadieres generales (r) Fabricio Cabrera Ortiz, comandante de la X Brigada Blindada, y Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Batallón La Popa entre diciembre de 2007 y mediados de 2009, fueron declarados máximos responsables por propagar el fenómeno de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
Los magistrados evidenciaron que, en los siete departamentos del país que hacen parte de la Costa Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, integrantes de al menos 19 unidades tácticas, cometieron crímenes de manera sistemática y a gran escala.
Se evidenció que hubo exigencias y sanciones para quienes no presentaran muertes en supuestos combates. A esto se sumaban incentivos y recompensas para quienes se destacaran en el reporte de este tipo de resultado. Además, se llevaron a cabo actos de encubrimiento y ausencia de controles, lo que permitió la implementación de una política de presentación de asesinatos y desapariciones forzadas como bajas legítimas, con el fin de alimentar artificialmente los resultados operacionales como indicador del éxito militar frente a las guerrillas que operaban en la Costa Caribe.
La investigación reveló que los Pueblos Indígenas sufrieron un daño desproporcionado y diferenciado, lo que causó su desarraigo y el desplazamiento forzado de sus territorios. Esto comprometió su seguridad alimentaria y afectó gravemente su tejido social y económico.
Los 28 imputados tienen 30 días hábiles para aceptar o rechazar los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados por la JEP. Si aceptan responsabilidad se van por el camino restaurativo que no significa cárcel y si no se enfrentarán a un juicio y si son vencidos se exponen a 20 años de cárcel.
