¿Cuáles son los retos que enfrentará el plan de sustitución de cultivos ilícitos para el Catatumbo?

En Hora 20 el análisis al plan presentado por el Gobierno nacional para sustituir 25 mil hectáreas de coca en el Catatumbo. El debate sobre la meta, los recursos disponibles y del pago por erradicación, las alternativas de sustitución y lo que implica este plan para un territorio dominado por la violencia. Una mirada también a los planes de legalización de la marihuana y a los riesgos de desertificación que corre el país.

Lo que dicen los panelistas

María Alejandra Vélez, directora Desarrollo Rural, Economías Ilícitas y Medio Ambiente del CESED y profesora en la Universidad de los Andes, resaltó que no ve mucha diferencia entre lo presentado por el gobierno y lo planteado por otros gobiernos en el pasado, “los montos son parecidos y no hay un planteamiento u transformación integral en la región. De lo que hemos escuchado hay dos innovaciones: el foco serán beneficiarias mujeres y proyectos asociativos. Pero no se aborda lo que sabemos que no ha funcionado como gradualidad y los errores cometidos en el pasado en cuanto a protección de líderes sociales”.

Detalló que no se puede perder de vista que hay un mercado de consumidores de cocaína estimado entre 23 y 30 millones, con lo cual, aseguró que la demanda global de cocaína es estable y creciente en continentes como Europa. En esa medida, dijo que se debe avanzar en frentes como el desarrollo rural, mejorar la calidad de vida de los campesinos y proteger las comunidades.

Eduardo Díaz, exdirector de sustitución de cultivos ilícitos, exministro y economista, planteó que basado en cálculos los $360 mil millones anunciados por el gobierno para el desarrollo de todo el plan de erradicación y de sustitución, alcanzarían sólo para erradicar 25 mil hectáreas de 25 mil familias y no habría plata para programas de sustitución en el entendido que es hectárea por familia, “la actividad de sustituir es más costoso de la de erradicación”.

Además, dijo que la gradualidad es válida en sustitución, pero no en erradicación, “es imposible que en medio control de ilegales conviva una economía que se busca erradicar y en la tarde lleguen los armados a comprar la coca; la erradicación debe ser de raíz y la sustitución toma mucho más tiempo”.

De otro lado, dijo que el país tiene capacidades y tiene la tierra, pero el problema es que no es solo retirar cultivos, “se tiene que transformar toda la economía y esa es la experiencia”.

Daniel Mejía, profesor e investigador, PhD en Economía, exsecretario de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá, experto en política de drogas y seguridad, señaló que la meta del gobierno es difícil de cumplir cuando el año pasado no se alcanzaron 10 mil hectáreas y pretenden en 9 meses en el Catatumbo erradicar 25 mil hectáreas, “la ejecución presupuestal del PNIS fue del 5% en 2023. Para qué conmoción y consejo de ministros para hacer lo que debieron hacer desde el inicio que era ejecutar un programa que ya venía con correcciones y que el dinero llegara a las regiones”. detalló que en 2023 la producción de hoja de coca creció 52%, “mi estimación de recursos que reciben criminales es de $60 a $70 billones, eso es el 4 y 4,2% del PIB en manos de armados. Entonces hay que preguntarnos dónde poner los recursos”.

Explicó que el énfasis debe estar en los cultivadores y desarrollo alternativo, “el grueso de los recursos de narcotráfico de la economía colombiana, solo el 5% es valor agregado producido en eslabón de hoja de coca, el grueso está en tráfico”. Con lo cual, señaló que la incautación, interdicción y destrucción de laboratorios es una tarea fundamental para luchar contra el narcotráfico, aunque asegura que en el país ha caído 15 puntos porcentuales la capacidad de incautación, esto, ante el incremento en la capacidad de producción de la pasta base.

Ana María Rueda, coordinadora de la Unidad de Análisis sobre la Política de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz, señaló que le preocupa menos si logran o no erradicar, “el punto es que estos procesos e inversiones sean útiles y se mantengan en el tiempo y eso no lo vemos para que intervenciones permanezca en el tiempo y es que realmente se logre sustituir economía ilícita se requiere más allá de erradicación”. Resaltó que el país debe hacerse preguntas como si tenemos la capacidad para responderle a las familias y avanzar en tremas como transporte comercialización cuando se habla de cultivos legales. De otro lado, dijo que si bien no es tan importante si hay diferencias o no con el PNIS, un programa que consideraba estaba bien diseñado, actualmente no ve garantías de implementación ordenada.