El caso por el que la Corte Suprema dejó en firme el juicio al congresista Pedro José Suárez Vacca

Tunja

El 3 de agosto de 2023 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación al Representante a la Cámara del Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y prevaricato por acción, cuando se desempeñó como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad en Tunja.

La denuncia fue hecha por el entonces, procurador 174 y por el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, por presuntos hechos de corrupción e irregularidades al otorgar detención domiciliaria a Lelio Nevardo Ávila, condenado a 17 años de prisión por narcotráfico y condenado también por secuestro.

Según el auto de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, como juez de la República, Suárez Vacca controló la ejecución de la pena de 17 años de prisión impuesta a Lelio Nevardo Ávila Santana, el 20 de octubre de 2005 por el Juzgado Séptimo Penal Especializado de Bogotá por tráfico de estupefacientes agravado. Suárez le concedió la sustitución de prisión intramural por la domiciliaria a través del auto 23 de enero de 2008 y que Vacca reiteró el 15 de septiembre de 2009″. Dice la Corte que para esa fecha el entonces juez de Tunja Pedro Suárez Vacca ya sabía que Lelio Ávila había sido condenado también por secuestro.

Aseguró la Corte que presuntamente, hay pruebas que señalan al actual congresista de estar vinculado a una estructura de corrupción: “El Representante a la Cámara Pedro Suárez Vacca, mientras se desempeñaba como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, desde aproximadamente el año 2008 y hasta el 30 de agosto de 2012, se asoció presuntamente con funcionarios del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad de Tunja (...) para configurar una estructura criminal enfocada a la ejecución de una multiplicidad de infracciones punibles, como manipular el reparto de los Juzgados de Ejecución de Penas de Tunja, contar con acceso a los expedientes que le interesaba tener a cargo, otorgar beneficios en materia punitiva a cambio de la entrega de importantes sumas de dinero, recibir coimas o contraprestaciones por ello, y ocultar o manipular los procesos investigativos en contra de los miembros de la estructura o de terceros, entre otros ilícitos”.

La Corte investiga si “Pedro José Suárez Vacca era aparentemente uno de los gestores, promotores y beneficiarios de dicha organización”.

Según el alto tribunal, las presuntas irregularidades de Suárez Vacca fueron advertidas por el Procurador de la época y otros funcionarios: “Para la época de los hechos, el coordinador de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, Boyacá, Alberto Aconcha Cuadrado, presentó denuncia ante la Dirección Seccional de Fiscalías, por la indebida manipulación del soporte técnico de reparto de los juzgados, el 4 de mayo de 2010, cuando la funcionaria María Romelia Romero Gómez, encargada de manejar los sistemas de cómputo relativos al reparto de los asuntos a los Juzgados de Ejecución de Penas de esa ciudad, y concretamente el asunto N 12428 que había correspondido al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, se ausentó por un momento de su puesto de trabajo, al regresar advirtió que el mismo fue direccionado al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, cuyo titular era Suárez Vacca, lo cual evidencia una presunta adulteración en los registros originales creados por el sistema”.

Las pruebas contra el congresista incluyen el testimonio de quien fuera su escolta y mensajero, quien le contó a la Fiscalía y le ratificó a la Corte, que el condenado por secuestro y narcotráfico Lelio Nevardo Ávila, beneficiado con la medida de aseguramiento domiciliaria por parte del juez Suárez Vacca, sí se vieron personalmente, y entre ellos se cruzaron paquetes con dinero y una carta de puño y letra del mismo Pedro Suárez Vacca en el que le pedía al condenado “no dar papaya”.

Según Suárez Vacca esta prueba fue ilegal y objeto de una extorsión por parte de quien fuera su escolta. Sin embargo, habría reconocido que sí escribió el documento pues “era su manera de ser con todas las personas”.

Dejan en firme el juicio

El 26 de febrero de 2025 el despacho de la magistrada, Blanca Nélida Barreto, negó la solicitud de cesación del proceso interpuesta por el defensor de Pedro José Suárez Vacca, quien aseguraba que no se está ante un delito en modalidad continuado y que, por lo tanto, al momento de emitirse la resolución acusatoria, la acción penal se encontraba prescrita.

Entre los argumentos, la Corte resaltó que sí estaban ante un delito continuado pues se evaluaron aspectos de índole fáctica, jurídica y probatoria, al advertir que, Suárez Vacca cuando fue juez de la República actuó bajo un plan preconcebido que se vio plasmado en sus diversas acciones judiciales.

“Realizando varias acciones a través de los dos proveídos que emitió, los cuales afectaron un mismo bien jurídico”, se lee en el documento.

La magistrada Barreto determinó que es importante la tipicidad del delito, pues dependiendo de esto varían severamente las penas.

“No es jurídicamente viable cesar procedimiento, toda vez que por tratarse de un delito de prevaricato por acción agravado la pena máxima de 128 meses, se aumenta en una tercera parte, por ser delito como continuado arribando a los 170,66 meses, término de prescripción que se aumenta en una tercera parte ante la condición de servidor público”, indicó la Sala.

De acuerdo con la investigación, el entonces juez de Tunja presuntamente contrario a ley sustituyó a un condenado la prisión intramural por la domiciliaria pese a que había incurrido en el delito de secuestro y no le aplicaba este beneficio.

Hasta el momento, el Representante del Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca, no se ha pronunciado sobre esta nueva decisión de la Corte Suprema de Justicia.