La Defensoría del Pueblo advierte que siguen llegando a Boyacá familias desplazadas del Catatumbo

Boyacá

El conflicto armado en la región del Catatumbo y Arauca sigue generando graves consecuencias humanitarias. En las últimas semanas, decenas de familias han llegado a Boyacá en busca de refugio, tras ser forzadas a abandonar sus hogares por el recrudecimiento de la violencia. Según cifras de la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, al menos 46 personas desplazadas han arribado recientemente a municipios como Güicán, Moniquirá y Chiscas, en medio de una crisis humanitaria que se agrava con el paso de los días.

La Defensora del Pueblo Regional, Luisa Martínez, alertó sobre la creciente ola de desplazamientos que está impactando a Boyacá y llamó a fortalecer la respuesta institucional. “El conflicto en Catatumbo se está intensificando y ya estamos sintiendo sus efectos en el departamento. Nuestro llamado es a la solidaridad, pero también a la acción institucional inmediata para garantizar atención humanitaria a estas familias que llegan con lo poco que pudieron salvar”, afirmó.

Una crisis humanitaria

El desplazamiento forzado en el nororiente del país ha alcanzado niveles alarmantes. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, más de 52.000 personas han abandonado sus hogares en el último año debido a la presencia de actores armados ilegales, enfrentamientos y amenazas directas contra la población civil.

A su llegada a Boyacá, muchas de estas familias enfrentan enormes dificultades: no cuentan con documentos de identidad, han perdido todos sus bienes y desconocen los mecanismos de ayuda disponibles. La Defensoría ha solicitado a las personerías municipales activar con urgencia los Comités de Justicia Transicional, los cuales tienen la responsabilidad de gestionar asistencia humanitaria inmediata, como alimentación, albergue temporal y orientación legal.

Sin embargo, las limitaciones en los recursos de los municipios han complicado la respuesta. “Estamos haciendo un seguimiento permanente y solicitamos a las alcaldías que garanticen una atención digna. No podemos permitir que estas personas, que han sufrido tanto, queden en el abandono”, enfatizó Martínez.

Estigmatización, una segunda batalla para los desplazados

Más allá de la precariedad material, muchas familias desplazadas se enfrentan a la discriminación y el rechazo en las comunidades de acogida. En municipios como Moniquirá, han surgido casos de estigmatización contra quienes llegan desde el Catatumbo y Arauca, con temores infundados sobre su procedencia o posibles vínculos con grupos armados.

La Defensora Regional subrayó la importancia de erradicar estos prejuicios y promover una cultura de solidaridad. “El desplazamiento forzado no es una elección, sino una consecuencia de la violencia. Boyacá ha sido históricamente un departamento de acogida, y debemos mantener ese espíritu de apoyo y protección a quienes han sido víctimas del conflicto”, indicó.

Las autoridades han instado a la comunidad a brindar respaldo a los desplazados y a evitar la propagación de discursos que fomenten la discriminación. La Defensoría también recordó que, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), el Estado y la sociedad tienen la obligación de garantizar los derechos de quienes han sido desplazados por la violencia.

Además del fenómeno del desplazamiento, la Defensoría ha advertido sobre la creciente presencia de actores armados en zonas del departamento. En municipios de la provincia de La Libertad y Gutiérrez, como Chita, Jericó y Socotá, se han reportado actos de control territorial por parte de grupos ilegales, lo que ha generado preocupación en las autoridades locales.

Frente a esta situación, la Defensoría ha solicitado la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU, con el fin de analizar los riesgos en la región y definir estrategias de protección para la población civil.