La administración Trump reduce la plantilla de USAID a menos de 300 empleados
De acuerdo con reportes en EE.UU. la administración Trump planea despedir a casi toda la nómina de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y dejar solo 300 de los más de 10.000 empleados.
Washington (United States), 03/02/2025.- Protesters outside the US Agency for International Development (USAID) in Washington, DC, USA, 03 February 2025. Staffers at USAID have been instructed via an email to stay away from the agency's Washington headquarters on 03 February 2025, following a weekend takeover by an announcement by US billionaire Elon Musk that President Trump had agreed with him to shut the agency down. (Protestas) EFE/EPA/WILL OLIVER / WILL OLIVER (EFE)
La principal agencia de ayuda humanitaria de los Estados Unidos estaría enfrentando un desmantelamiento. La Agencia para el Desarrollo Internacional USAID, podría ser reducida a tan solo 300 empleados de los más de 10.000 trabajadores que actualmente hacen parte de la nómina.
Poco después de que la administración de Donald Trump informara a todo el personal de USAID que a partir de este viernes 7 de febrero a la medianoche, todos quedarían en licencia administrativa, es decir, una suspensión temporal del trabajo sin que afectara su salario ni beneficios, en las últimas horas se conoció un cambio drástico en esta decisión.
El Departamento de Estado estaría planeando despedir a casi toda esta nómina y recortar la agencia de más de 10.000 funcionarios a solo 300. De acuerdo con información filtrada a New York Times y NPR, unos 21 empleados trabajarán en la división de Medio Oriente, la oficina de Africa mantendrá 12 personas, la división de Asia se reducirá a 8 personas y se desconoce cuántos puedan ser asignados para los asuntos de América Latina.
En las últimas horas, los sindicatos que representan a los funcionarios USAID han demandado a la administración Trump para detener los despidos y descongelar la ayuda exterior. Según la demanda, estas acciones han generado “una crisis humanitaria global” y “ha puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
La demanda argumenta que sólo el Congreso puede disolver la agencia y califica las acciones de la administración Trump de “inconstitucionales e ilegales”.
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Pero USAID no es la única agencia que enfrenta estos recortes, miles de empleados federales recibieron un ultimátum de la Casa Blanca en la que les ordena regresar a sus oficinas y quienes no lo hagan deberán renunciar a cambio de una compensación monetaria. La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt afirmó que esta medida no es una purga, solo una sugerencia.
“Esto es una sugerencia para los trabajadores federales de que deben regresar a sus oficinas y si no lo hacen tienen la opción de renunciar. Y esta administración está siendo muy generosa, ofreciendo una indemnización por ocho meses. Solo 6% de los trabajadores federales vienen a las oficinas en Washington DC. Eso es inaceptable”, dijo Leavitt.
Más de 2.4 millones de empleados federales tenían hasta este viernes 7 de febrero a la medianoche para decidir si renunciaban a cambio de 8 meses de sueldo como indemnización o si regresaban a sus oficinas. Sin embargo, Un juez federal paralizó este ultimátum y tendrán hasta el 30 de septiembre para elegir entre firmar o no la propuesta de dimisión diferida.
El jueves, un juez federal bloqueó temporalmente a la administración Trump y al director de DOGE, Elon Musk, para que implementen su oferta de compra de empleados federales “Fork in the Road” al menos hasta el lunes por la tarde.
El juez de distrito de Estados Unidos George O’Toole Jr. fijó una audiencia para el lunes por la tarde para considerar un mayor bloqueo de la llamada oferta “Fork in the Road”. “Les ordené a los acusados que no tomen ninguna medida para implementar la llamada ‘Directiva Fork’ hasta que se complete la sesión informativa y los argumentos orales sobre los temas”, dijo O’Toole. “Creo que eso es lo más lejos que quiero llegar hoy”.
El fallo del juez se produce cuando al menos 60.000 trabajadores federales, aproximadamente el 3% de la fuerza laboral federal, ya han aceptado la oferta de renuncia diferida.
