Procuraduría formula cargos al alcalde y exconcejal de El Colegio, Cundinamarca, por irregularidades
La Procuraduría señaló que el exconcejal no podía haber celebrado este contrato debido a una causal de incompatibilidad
Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sofía Toscano
Colombia
La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos al alcalde de El Colegio, Diego Andrés López Suárez, y al exconcejal Jonathan Stick Noguera Rodríguez por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato firmado para apoyar proyectos de vivienda y tecnología en el municipio.
El contrato y las irregularidades señaladas
El contrato en cuestión fue firmado el 16 de enero de 2024, poco después de que Noguera finalizara su mandato como concejal el 31 de diciembre de 2023. La Procuraduría señaló que el exconcejal no podía haber celebrado este contrato debido a una causal de incompatibilidad que lo inhabilitaba para vincularse con el municipio durante 12 meses tras dejar su cargo.
En este sentido, la Provincial de Instrucción de Fusagasugá indicó que, a pesar de esta incompatibilidad, Noguera firmó el acuerdo con la administración local para apoyar la Secretaría de Planeación y la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) en la elaboración de proyectos.
Notificación y respuesta
La Procuraduría también indicó que ambos, el alcalde López Suárez y el exconcejal Noguera, fueron notificados en marzo de 2024 sobre la apertura del proceso disciplinario. Sin embargo, decidieron continuar con la ejecución del contrato, lo que ha llevado a la calificación provisional de la situación como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
El Ministerio Público agregó que en el contrato, Noguera y López Suárez afirmaron bajo juramento no tener ninguna incompatibilidad, lo cual debió haber sido verificado por el alcalde como contratante, algo que aparentemente no ocurrió.
Posibles consecuencias
La Procuraduría aún continúa con el proceso disciplinario, que podría llevar a sanciones si se confirma la irregularidad en la firma del contrato. A través de este tipo de investigaciones, el Ente de control busca garantizar la transparencia en la administración pública y evitar que se incurra en prácticas que puedan perjudicar el manejo de los recursos del municipio.
