Las autoridades tradicionales adscritas al Movimiento Indígena Nación Wayuu, decidieron cerrar sus territorios ancestrales e impedir que el tren que transporta carbón hasta las instalaciones de Puerto Bolívar en la alta Guajira siga transitando por sus espacios.

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Así lo informó el Movimiento Indígena Nación Wayúu por medio de un comunicado, asegurando que esta decisión se tomó luego de más de 15 días de manifestación pacífica. La organización destacó que ya se había radicado ante el Estado colombiano y la empresa Cerrejón un acta de asamblea con su respectivo pliego de peticiones y que, hasta el momento, no han recibido respuesta alguna.

Recordemos que, el mes pasado cuando fue anunciada la ‘Hora cero’ se advirtió dicho bloqueo a la empresa Cerrejón y posteriormente, en la mesa de diálogo desarrollada con la Gobernación de La Guajira, el Movimiento Indígena dejó en claro que este cierre no estaba en negociación dado a los atropellos que se han venido cometiendo con algunas comunidades. Desde entonces, las autoridades tradicionales se declararon en asamblea permanente y tras no recibir soluciones, procedieron a cerrar sus territorios ancestrales divididos y fragmentados por la línea férrea.

¿Qué exigen las autoridades tradicionales?

Entre el pliego de peticiones que hacen las autoridades tradicionales al Estado y a Cerrejón, se encuentra el inicio inmediato de la consulta previa a comunidades como Moolu y Atapud, ubicadas en la alta Guajira, las cuales fueron certificadas con anterioridad por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, sin que, hasta la fecha, se haya surtido ese proceso.

Asimismo, exigen el reconocimiento total y absoluto de la comunidad Moolu por parte de la Secretaría de Asuntos Indígenas del municipio de Uribia y de la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior. Aseguran que el acta de posesión de la autoridad tradicional, sin justa causa y de manera arbitraria, le fue revocada.

Por otro lado, reclaman el reconocimiento y restablecimiento total de los derechos de la comunidad Luwopu, ubicada en el corregimiento de Cuestecitas, la cual, manifiestan, fue desplazada de sus territorios ancestrales a causa de la operación minera y actualmente, en el territorio donde se han resguardado por más de 30 años, están siendo afectados e impactados ambiental, cultural, social y espiritualmente, con graves riesgos de desaparecer como comunidad.

Otra de sus exigencias es la devolución de los recursos de regalía para el departamento de La Guajira a partir de la vigencia 2025 y hasta que cese la operación minera; así como también información detallada de las obras que se han realizado en el departamento con los dineros provenientes de dichos recursos.

“En La Guajira no hay un solo proyecto de relevancia en el territorio que se haya ejecutado con recursos de regalías o de responsabilidad social de Cerrejón. Esta empresa le está entregando billonarios recursos anuales al Estado por concepto de regalías, sin embargo, no se ven reflejados en La Guajira y mucho menos en los territorios indígenas, donde mueren alrededor de 10 niños semanalmente”, resaltó el director del Movimiento Indígena Nación Wayuu, José Silva Duarte.

Por ejemplo, por el carbón que produjo en La Guajira durante el 2022, Cerrejón pagó más de 2 billones de pesos por impuesto sobre la renta, así como casi 1,5 billones de pesos por regalías y 213.000 millones de pesos en otros conceptos impositivos. Dentro de estos valores, la compañía pagó a La Guajira 52.300 millones de pesos por diferentes impuestos, de los cuales el departamento recibió 30.000 millones de pesos y los municipios del área de influencia, es decir, Albania, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Manaure y Uribia recibieron en total 22.300 millones de pesos.

Denuncian amenazas

En el mismo comunicado, el Movimiento Indígena Nación Wayuu advirtió de un posible plan de asesinato en contra del presidente de la organización, José Silva Duarte, aseguran que un funcionario de la empresa Cerrejón en actos públicos declaró a esta ONG como enemigo número uno de la multinacional, lo que pone en grave riesgo la vida y la tranquilidad de las autoridades tradicionales, líderes y profesionales voluntarios del MINW, sucesos e informaciones que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

Cabe recordar que, el líder wayuu y defensor de los Derechos Humanos ya ha sido víctima en varias ocasiones de atentados en su contra, así como miembros de la organización. Por ello, exigen a las autoridades competentes el acompañamiento y las garantías necesarias y responsabilizan al Estado y a Cerrejón por lo que pueda suceder.