Internacional

Catatumbo: CIDH pide a Estado colombiano poner fin a violencia de grupos armados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que el Estado debe “adoptar las medidas necesarias para abordar esta situación”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que el Estado debe “adoptar las medidas necesarias para abordar esta situación”.
(Foto: Caracol Radio / CIDH / Getty)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que el Estado debe “adoptar las medidas necesarias para abordar esta situación”. (Foto: Caracol Radio / CIDH / Getty)

Con un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia registrados en la región del Catatumbo (Norte de Santander) que han causado “decenas de muertes y uno de los mayores desplazamientos forzados en la historia el país”.

La magnitud de la violencia

Aparte de las cifras de personas muertas, que podría aumentar una vez las autoridades logren entrar a los territorios afectados por la violencia, los datos recopilados por la CIDH indican que los ataques han causado “el desplazamiento forzado de al menos 41.236 personas de San Calixto, Hacarí, Teorama y Tibú hacia principalmente, Ocaña (9.974), Cúcuta (15.086) y Tibú (12.362)”.

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“La magnitud del desplazamiento ha generado el colapso de los sistemas públicos de atención, al tiempo de extremar la vulnerabilidad de las personas recibidas en residencias privadas o que han optado por cruzar la frontera hacia Venezuela. Además, más de 12 mil personas están confinadas en sus territorios”, advierte la CIDH.

¿Alertas omitidas?

“Estos hechos ocurrieron a pesar de las alertas tempranas No. 021-24 y No. 026-24 emitidas por la Defensoría del Pueblo, que anticiparon el escenario de confrontación entre grupos armados no estatales por el control territorial en zonas de escasa presencia estatal y con presencia de diversas economías ilícitas”, resalta la CIDH.

En el documento se agrega que “la alerta temprana No 007-24 advirtió sobre los mismos riesgos en el municipio de Calamar, departamento de Guaviare, donde los enfrentamientos entre estos grupos sucedidos el 20 de enero resultaron en la muerte de al menos 20 personas”.

Atender la crisis

La CIDH enfatizó “la obligación internacional del Estado de proteger la vida e integridad de todas las personas en la totalidad de su territorio y garantizar la labor de aquellas que defienden los derechos humanos y con liderazgo social, así como proporcionar recursos necesarios para atender a las víctimas, especialmente las desplazadas y confinadas”.

Se concluye recordando que “la paz es un requisito esencial para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos. En este contexto, insta a Colombia a desarrollar e implementar de manera práctica y efectiva, así como en consulta y con el consentimiento libre, previo e informado con las comunidades afectadas, una respuesta de seguridad humana holística que aborde los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”.

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