Renuncias en Superindustria vinculadas a decisión sobre amigo del gobierno

Una verdadera “papa caliente” está servida a manteles en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y, según ha podido establecer Caracol Radio, tiene que ver con una sanción a Alberto Merlano Alcocer, persona muy cercana al presidente Gustavo Petro y a la primera dama, Verónica Alcocer, y quien es uno de los posibles candidatos para llegar a la presidencia de Ecopetrol.

Merlano Alcocer, contratista que, según La Silla Vacía “era asesor de Petro en temas de servicios públicos”, habría llegado a la presidencia del Acueducto, durante la alcaldía de la Colombia Humana, porque “durante la administración de su esposo, fue determinante para que personas como Alberto Merlano Alcocer y Ricardo Sanclemente llegaran a tomar las riendas del Acueducto (EAB) y de Transmilenio, respectivamente”.

El asunto actual tiene que ver con una sanción que la SIC había impuesto en 2012 a Merlano Alcocer, por haber encontrado “evidencia que permite concluir que Alberto José Merlano Alcocer, miembro principal de la junta directiva de la EAB desde el 25 de enero de 2012 hasta el 29 de mayo de 2013, y actual Gerente General de la EAB, colaboró, facilitó, autorizó y ejecutó la realización de una práctica restrictiva de la competencia que resultó en la violación del artículo 1 de la Ley 155 de 1959″. El monto de la sanción fue de 240 millones 240 mil pesos.

Según confirmó 6AM, ayer lunes 23 de diciembre dos delegados de la SIC, Alexander Sánchez (delegado para asuntos jurisdiccionales) y Grenfieth de Jesús Sierra (delegado para protección de datos) presentaron su renuncia por discrepancias en las decisiones de la entidad frente a la suerte de Merlano Alcocer.

El 3 de noviembre, Merlano Alcocer habría solicitado a la SIC que dicha sanción fuera revocada, teniendo en cuenta que durante la administración de Andrés Barreto al frente de la entidad ya se había iniciado un cobro de jurisdicción coactiva. De igual manera, y en ejercicio del derecho de todo ciudadano, había acudido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la búsqueda de una declaratoria de nulidad de la sanción.

En atención al reglamento de la SIC, cualquier determinación en el sentido de tramitar una revocatoria de la sanción debía pasar por el control del comité de conciliación que en este caso integraban los delegados Sánchez y Sierra, así como Gabriel Turbay Velandia (secretario general), Diego Romero (jefe de la oficina asesora jurídica) y Beatriz Sánchez (delegada de control de reglamentos técnicos).

Después de una convocatoria sin presencia de todos los integrantes y un aplazamiento, el 9 de diciembre el comité se reunió y allí los delegados Sánchez y Sierra declararon sin piso los alegatos de Merlano Alcocer, que invocaba el artículo 29 de la Constitución Política y una consecuente violación del debido proceso. No se encontró afortunado el argumento, pues difícilmente podría hablarse de violación al debido proceso cuando la administración ya había tomado una decisión sobre el caso Merlano Alcocer a través de la resolución de un recurso de reposición, por lo que el Comité de Conciliación de la SIC no tenía competencia para pronunciarse de fondo sobre el caso.

En las horas posteriores, Merlano Alcocer allegó un nuevo escrito a la SIC, en el que ya no ponía como piedra angular la violación del debido proceso, sino que, amparándose en el Código de Procedimiento Administrativo, alegaba que se le había causado un agravio injustificado y que esa sanción le dificultaba emplearse.

El día 18, Sánchez y Sierra se declararon impedidos por haber tomado el 9 de diciembre determinaciones sobre Merlano Alcocer. Volver a pronunciarse, luego del nuevo documento de Merlano, dijeron, afectaba su imparcialidad y objetividad. Quedó establecido un plazo (el viernes pasado) para que los demás miembros del comité definieran si, al haberse pronunciado, también tenían impedimentos. Esos impedimentos se presentaron solo hasta el lunes, por lo que Sánchez y Sierra, que tenían el deber reglamentario de pronunciarse, no los aceptaron por causal de extemporaneidad.

Ese mismo viernes, en horas de la noche, la superintendente Cielo Rusinque les pidió a Sánchez y a Sierra informes minuciosos y detallados sobre su gestión en el año 2024.

¿Quién es Alexander Sánchez?

Sánchez es un funcionario muy respetado y querido al interior de la SIC, con doctorado en derecho en Francia, diez años de experiencia como magistrado auxiliar del Consejo de Estado, exvicepresidente jurídico de EPM y con un reconocimiento de la propia SIC a su equipo (tramitaron en tiempo récord los expedientes a su cargo, 90.000 expedientes, con una descongestión del 70% que llevó a ese mérito, cuya resolución de reconocimiento firmó la propia superintendente Rusinque).

Por su parte, Sierra Cadena es un doctor en derecho de la Universidad Sorbonna de París, investigador y profesor de la Universidad del Rosario, con experiencia como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Esas situaciones llevaron a ambos superintendentes delegados a presentar sus renuncias, en el entendido de que no están dispuestos a modificar sus decisiones en el caso Merlano Alcocer, como consta en la motivación de sus cartas de dimisión, que, hasta donde ha podido confirmar Caracol Radio, no han sido aceptadas por Cielo Rusinque, quien está estudiando con lupa la situación de los funcionarios.