La Defensoría pide implementar la ley que beneficia a mujeres privadas de la libertad
La Ley 2292 de 2023 consagra la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública para mujeres cabeza de hogar en situación de pobreza o marginalidad
Imagen de referencia de una mujer en una cárcel / Álvaro Tavera
Bogotá
La Defensora del Pueblo Iris Marín ha priorizado el abordaje de la crisis de hacinamiento en las cárceles, con un enfoque especial en las mujeres cabeza de hogar privadas de la libertad por delitos cometidos en situaciones de marginalidad, pero una ley que busca ayudar a las mujeres privadas de la libertad no se está aplicando de manera adecuada.
“La Ley 2292 de 2023, que consagra la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública para mujeres cabeza de hogar en situación de pobreza o marginalidad, es una herramienta crucial para garantizar justicia con enfoque de género y diferencial. Sin embargo, los resultados de su implementación han sido bajos: menos de 100 mujeres han sido beneficiadas, pese a que el universo potencial supera las 2.500 reclusas”.
Esta entidad ha identificado las principales barreras para que la ley no se esté implementando como interpretaciones restrictivas y carentes de enfoque de género por parte de operadores judiciales, falta de alfabetización jurídica a favor de las privadas de la libertad y deficiencias en las solicitudes presentadas por defensores públicos.
Ante estas deficiencias encontradas, la Defensoría del Pueblo ha adelantado acciones concretas para que se conozca esta ley y las mujeres puedan acceder a este beneficio.
Visitas a cárceles: Se realizaron visitas en Medellín, Cali, Sogamoso, Barranquilla, Acacías y Bogotá para identificar posibles beneficiarias de la ley y garantizar su representación por defensores públicos.
Sensibilización judicial: Se llevaron a cabo reuniones con Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en todo el país, promoviendo la incorporación del enfoque diferencial y de género en las decisiones judiciales.
Capacitación: Se organizó un foro con entidades involucradas en la implementación de la Ley de Utilidad Pública para fortalecer el trabajo de los defensores públicos, destacando la importancia de superar interpretaciones restrictivas que obstaculizan el acceso a la libertad para mujeres vulnerables.
Incremento en solicitudes de libertad: Las peticiones presentadas por la Defensoría Pública han aumentado en un 26,6% desde el inicio de la administración de Iris Marín.
Herramientas de apoyo: Se creó un micrositio web con información clara sobre la Ley 2292 de 2023, modelos y minutas que facilitan a los defensores públicos la presentación de solicitudes fundamentadas y eficaces.
Con estas acciones, la Defensoría del Pueblo busca que las mujeres privadas de la libertad no se sientan solas y que la justicia sea más accesible, eficiente y con enfoque de género.
