Crece la polémica en Antioquia por la tasa de seguridad propuesta por el gobernador Rendón
El gobernador Rendón busca tener luz verde para recaudar $1,2 billones e inyectarlos al plan de seguridad de Antioquia.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: Cortesía.
La tasa de seguridad propuesta por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sigue generando división entre distintos sectores del departamento. Mientras los alcaldes de cien municipios respaldaron la iniciativa, actores claves como EPM, los gremios económicos y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han expresado su oposición.
Ahora, las críticas se intensifican con la reciente postura de los diputados de la Asamblea Departamental, quienes le solicitaron al gobernador que retire el proyecto. Según los diputados, la propuesta implica un aumento de impuestos que afectaría tanto a los hogares como a las empresas del departamento.
Luis Peláez, diputado de Antioquia, fue enfático en su rechazo: “A la Asamblea llegamos a defender las causas y los intereses de la ciudadanía, por eso le exijo al gobernador que retire el proyecto de ordenanza que pretende poner más impuestos a los antioqueños”, señaló.
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Pese a estas peticiones, el gobernador Rendón aseguró que no retirará la iniciativa y que mantendrá su compromiso de llevarla hasta su votación final en la Asamblea Departamental. “Esta vez no habrá marcha atrás. El proyecto será debatido hasta el final”, afirmó el mandatario.
Polémica
La controversia pone de manifiesto las tensiones políticas y económicas que rodean la medida, mientras la Asamblea Departamental se prepara para decidir el destino de esta propuesta que busca reforzar la seguridad en Antioquia.
Recordemos que el gobernador Rendón busca tener luz verde para recaudar $1,2 billones en los próximos tres años para su plan de seguridad.
En promedio para un hogar de estrato 4, la tasa podría traducirse en un incremento adicional entre $9.000 y $15.000. El cobro no tocará a los estratos 1, 2 y 3, que equivalen al 85% de los clientes residenciales, y se estimaría que entre 2025 y 2027 podrían recaudarse hasta $1,2 billones.
