En Hora20 el análisis a la imputación que hizo la JEP al antiguo secretariado de las Farc por el reclutamiento forzado de más de 18 mil menores. Una mirada a las sanciones, lo que viene, las implicaciones jurídicas y lo que busca el antiguo secretariado al insistir en la renuncia de su inocencia. También una mirada a la polémica que sigue generando la designación de exparamilitares como gestores de paz y el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la libertad de Salvatore Mancuso. Por último, las reacciones a la absolución de Santiago Uribe.

Lo que dicen los panelistas

Para Luz María Sierra, directora de El Colombiano, genera indignación lo que ocurrió, “son 18 mil niños en 45 años, más de 5 mil menores de 14 años. Que esto sirva de lección para el momento que vivimos sobre los radicalismos ideológicos”. Recordó que la imputación solo está seis de los ocho integrantes del secretariado, “cómo así que por omisión y no por acción en el tema de violencia sexual. Hay muchas cosas por hacer”.

Comentó que la decisión con los paramilitares no es arriesgado, es agresivo con la sociedad nombrar gestores a tamaño criminales.

Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, señaló que el Estado hizo un acuerdo con insurgentes y acordaron unos temas como la constitución de la JEP, “el establecimiento se puso de acuerdo en un mecanismo para conocer la verdad y aplicar justicia; hay que respetar reglas del juego”. Manifestó que cuando conocemos que desde 1971 hay reclutamiento, es la crueldad misma de la guerra, “la JEP funciona en el marco de la institucionalidad y se debe apoyar el proceso”.

Sobre la designación a exparamilitares como gestores de paz, dijo que es una decisión arriesgada, “la diferencia con el caso Mancuso es que hay temporalidad, la conversación es sobre crímenes y atrocidades del conflicto y apostarle a paz total con 10 mesas es muy arriesgado. Los exjefes tienen relación directa con estructura y eso fue lo que se valoró para hacer acercamientos. La apuesta por construir la paz es arriesgada y es cuestionado, pero no van a salir de cárceles, van a estar donde están. Entregarán información para facilitar la verdad”.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, dijo entender la transaccionalidad de jurisdicción para la paz, “el país estaba dividido y ganó el NO, por eso al país le cuesta tragarse ese sapo”, haciendo referencia al resultado del plebiscito por la paz. También dijo que no hay forma de saber si las víctimas se sienten reparadas con lo que están haciendo los antiguos miembros del secretariado en la JEP, “algunas organizaciones consideran que no han obtenido la reparación que quisieran”.

Sobre la gestoría de paz, dijo que se entendía que la guerrilla seguía operativa y que hubo concesiones durante el diálogo con FARC, “pero eso no aplica hoy con 18 criminales que están en cárceles y que no tienen poder, cuesta entender los reconocimientos que les están dando. Es entonces el tema de incriminar opositores políticos, lamentable que eso pase”.

Por último, Luis Guillermo Vélez, abogado y exsecretario general de la Presidencia, destacó que la JEP se diseñó de una manera en la que efectivamente no hay una sanción sobre los culpables, “se conoce qué pasó y los imputados aceptan la responsabilidad y en contraprestación tienen sanciones simbólicas”. Agregó que la JEP ha hecho un buen trabajo, “hace bien que los miembros del secretariado acepten y pidan sanciones únicas. La JEP lleva siete años y no podemos seguir otros siete en lo mismo. Hay que imponer las sanciones simbólicas, pero eso es chocante”. De otro lado, recordó que sanciones reales no vamos a tener, son sanciones simbólicas, “no es cero castigo, pero no hay equivalencia frente a los hechos. Si se espera que los exfarc entren a la cárcel, no van a estar”.

Sobre la figura de gestores de paz, dijo que hay un abuso de la figura que se crea con la idea de que es un criminal de una organización pueda intermediar en la negociación entre el Estado y la organización para que se desmovilice, “eso ya pasó hace 15 años, no hay relación de ellos con fuerzas paramilitares de hoy, cuál es la función de todo eso. Uno sospecha que lo que el gobierno quiere y busca hacer, es reabrir esos expedientes para juzgar a funcionarios de ese entonces”.