Entidades se comprometieron a resolver crisis de Cárcel de Puerto Triunfo

Puerto Triunfo, Antioquia

Después de las múltiples denuncias por la vulneración a los derechos humanos de la población privada de la libertad en la Cárcel de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño; la Procuraduría General de la Nación informó que se puso al frente de la problemática y podría emitir sanciones de continuarse con las dificultades.

El organismo de control alertó que persisten dificultades graves en el suministro de agua potable, así como deficiencias en los servicios de salud, alimentación y en el funcionamiento del cuerpo de custodia y vigilancia, lo que ha provocado al menos 16 muertes de personas privadas de la libertad debido a diversas enfermedades asociadas a estas condiciones.

A esto, se le suma un episodio en el que cuatro internos habrían sido presuntamente torturados y abusados sexualmente por otros reclusos sin que la guardia penitenciaria lo notara.

Durante una inspección realizada por la Delegada para los Derechos Humanos, se constató, de acuerdo con los informes técnicos, que el agua que llega al interior del penal no es apta para el consumo humano. Además, se encontraron brotes activos de enfermedades como tuberculosis, varicela y paludismo, las cuales no están siendo tratadas adecuadamente. Los alimentos, expuestos al intenso calor, se descomponen rápidamente, generando intoxicaciones frecuentes entre los internos.

Compromisos

Entre los compromisos asumidos por las entidades en la mesa de trabajo realizada tras la inspección, se encuentra la organización de una brigada interinstitucional para evaluar la situación de salud y los procesos jurídicos de las reclusos, con el fin de brindarles una atención adecuada y rápida.

Respecto a la falta de agua potable, el viceministro de Justicia y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC) se comprometieron a asegurar un suministro constante y suficiente lo antes posible. Para ello, se revisará el sistema hidráulico del penal para detectar el punto de contaminación y se explorará la posibilidad de conectar el penal directamente al acueducto regional, con el fin de garantizar agua tratada adecuadamente.

En cuanto a la crisis alimentaria y la falta de combustible para el traslado de personas privadas de la libertad a los servicios médicos, los funcionarios anunciaron que tomarán medidas para garantizar que los contratistas de la USPEC cumplan con sus responsabilidades.

El Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento aseguró que de persistir estas fallas e incumplimientos, la Procuraduría iniciará las acciones disciplinarias a la que haya lugar: “Las entidades adquirieron los compromisos, de los cuales la Procuraduría General de la Nación realizará el seguimiento riguroso con el fin de constatar su cumplimiento y de lo contrario se iniciarán las acciones disciplinarias que corresponden”.

Finalmente se indicó que hará seguimiento a los resultados de la investigación que adelanta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, frente al caso de las torturas y agresiones sexuales para determinar si es necesario asumirla por poder preferente.