JEP llegará a la región del Catatumbo

Cúcuta

La JEP realizará este viernes 20 de septiembre una Audiencia Territorial de Medidas de Satisfacción de Verdad en el municipio de San Calixto, Norte de Santander, ubicado en el corazón de Catatumbo.

La diligencia pública responde a las demandas de las propias víctimas para dignificar y honrar el buen nombre de sus seres queridos asesinados y presentados como falsas bajas en combate por agentes del Estado, durante el conflicto armado, en 2006 y 2007. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), a través de la Subsala Catatumbo, convoca esta audiencia en el marco de la implementación de la Ruta No Sancionatoria.

Por esta vía, más de seis mil comparecientes de la fuerza pública buscarán resolver su situación jurídica, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la restauración, sin que se les imponga una sanción, con el objetivo de que puedan reintegrarse a la sociedad. Para acceder a este beneficio de la Justicia Transicional Restaurativa, los comparecientes deben cumplir con estrictos requisitos establecidos por el régimen de condicionalidad. Esto incluye hacer aportes importantes a la verdad, es decir, que superen lo establecido en la justicia ordinaria.

También deben presentar propuestas de acciones restaurativas para reparar el daño causado tanto a las víctimas como a sus comunidades; y tienen la posibilidad de reconocer su responsabilidad por los hechos en los que hayan participado y pedirles perdón a las víctimas. La Subsala Catatumbo, que estudia los procesos de al menos 570 miembros de la fuerza pública que operaron en unidades militares de esta región, siguiendo el proceso dialógico que rige las acciones de la JEP, ha dispuesto lo necesario para que las víctimas y familiares de las víctimas puedan participar en el proceso judicial asistiendo a las audiencias, presentando sus demandas de verdad, entre otras exigencias, en garantía de sus derechos y de la centralidad que tienen en esta Jurisdicción.

A esta audiencia pública están convocados 25 comparecientes de la fuerza pública, entre los cuales hay integrantes activos y retirados de la Brigada Móvil No. 15. Se trata de capitanes, sargentos, cabos y soldados profesionales. Cinco de ellos aún podrían ser seleccionados como máximos responsables en el patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas identificado en esta región del país por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP; sin embargo, le corresponde a la Sala de Definición hacer seguimiento a que estén cumpliendo con el régimen de condicionalidad estricto. En la audiencia territorial, seis comparecientes intervendrán como voceros, de manera virtual, en representación de los demás miembros de la fuerza pública convocados.

Las víctimas Los hechos por los que comparecen estos miembros de la fuerza pública ante la JEP corresponden a los asesinatos de Héctor Antonio Rubio Álvarez, cometido el 13 de julio de 2007, en la vereda Islitas, de Hacarí, en el cual estarían involucrados 8 uniformados; de José Guber López y José Giovanni Pérez Ortiz, asesinados el 6 de junio de 2006, en la vereda San José de Baijal, de San Calixto, por el cual comparecen nueve miembros de la fuerza pública; de José Eustacio Franco Amaya, cometido el 18 de julio de 2007, entre Teorama y San Calixto, con nueve comparecientes involucrados; y, de Carlos Daniel Martínez Ortega, asesinado el 9 de octubre de 2007 en la vereda Santa Catalina, de San Calixto, en el cual estarían implicados cinco más.

La SDSJ convoca esta audiencia pública con el objetivo de establecer espacios dialógicos y restaurativos que permitan visibilizar la capacidad de agencia, intervención y participación de las familias de las víctimas. Además, busca brindar a los comparecientes la oportunidad de perfeccionar sus propuestas restaurativas y materializar sus aportes de verdad, desde la perspectiva de una realización integral de los derechos de las víctimas. Esta audiencia territorial pone a disposición un escenario para que las víctimas se expresen ante su comunidad, ante la magistratura y ante los comparecientes. Para ello harán uso de elementos simbólicos que también son importantes para contribuir a restaurar el daño causado. Cada elemento que habla de las vidas de las víctimas, de sus anhelos y de cómo estos crímenes cambiaron sus vidas para siempre, son símbolos que ayudan a hacer memoria y tienen un potencial para dignificar.

Asimismo, esta audiencia busca resaltar cómo el territorio es central en la restauración, pues, así como la dignidad de las familias de las víctimas se vio manchada cuando sus seres queridos fueron acusados de ser miembros de grupos ilegales sin serlo, toda la región de Catatumbo también tuvo que cargar con el estigma propio de las dinámicas de la violencia ejercida por distintos actores armados y por los excesos de la fuerza pública, durante décadas. Para la JEP, la realización de una audiencia de estas características en el corazón del Catatumbo es sumamente importante, dado que esta región aún enfrenta situaciones de conflicto complejas que mantienen a su población en zozobra y con derechos limitados bajo el control de grupos armados ilegales.

Con esta audiencia territorial, la JEP busca afianzar la presencia estatal tan demandada por las y los habitantes de esta zona del país. Por otra parte, para que los comparecientes puedan restaurar a las víctimas del Catatumbo y restablecer los lazos rotos por el conflicto, es crucial articular la oferta institucional a nivel local, departamental y nacional. Esto debe abarcar aspectos presupuestales, logísticos y administrativos que permitan la implementación efectiva de los proyectos impulsados a través del Sistema Restaurativo de la JEP. En ese sentido, el 19 de septiembre, en el marco de la realización de la Audiencia Territorial de Medidas de Satisfacción de Verdad, el despacho del magistrado Pedro Díaz; la magistrada Zoraida Chalela Romano (de la Sección de Reconocimiento de Verdad, quien lleva el trámite de la resolución de conclusiones referente a los máximos responsables del Subcaso Norte de Santander, del Caso 03, en el Tribunal para la Paz).

El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez; y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, firmarán en Ocaña un convenio interinstitucional para afianzar y gestionar la realización de proyectos restaurativos en este departamento. El proceso restaurativo Para lograr la realización de esta audiencia, se ha contado con el apoyo y el acompañamiento de diversos equipos y oficinas de la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Entre ellos, los equipos de Justicia Restaurativa y la Oficina de Memoria Institucional y Sistema Integral para la Paz, las Oficinas Asesoras de Atención a Víctimas, Gestión Territorial, SAAD Defensa a Comparecientes y SAAD Representación a Víctimas.

Las familias de las víctimas, a lo largo del proceso y en la preparación para intervenir en esta audiencia, han contado con el acompañamiento y la representación de las siguientes organizaciones de víctimas y de derechos humanos: Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la Asociación Minga, el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) y el Movimiento para la Constituyente Popular (MCP). Asimismo, la audiencia territorial contará con el acompañamiento internacional de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, así como de entidades nacionales como la Defensoría del Pueblo, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Procuraduría.

Por parte de los entes de gobierno locales y departamentales, la JEP contó con el apoyo de la personería municipal de San Calixto, así como de las alcaldías de San Calixto y Ocaña, y de la Gobernación de Norte de Santander; entidades que han sido fundamentales al disponer de los medios necesarios para promover la realización de esta audiencia territorial en Catatumbo. La audiencia es abierta a toda la comunidad de Catatumbo que reside en San Calixto y en sus municipios aledaños. Será transmitida en vivo por las plataformas digitales de la Jurisdicción.