Katia Sánchez deberá revelar vínculos de empresarios con despojo de tierras en Urabá
Así lo manifestó la Fundación Forjando futuros, ante la aceptación de la JEP al sometimiento condicionado de la empresaria Katia Patricia Sánchez Mejía por despojo de tierras y relaciones con paramilitares.
JEP vincula y cita a más empresarios por despojo paramilitar de tierras en Urabá. Foto: Cortesía ICA.
Medellín
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha aceptado el sometimiento condicionado de la empresaria Katia Patricia Sánchez Mejía, quien había sido condenada por su participación en el despojo de tierras. Esta decisión permite a Sánchez Mejía someterse a la justicia transicional en lugar de cumplir una pena en el sistema judicial ordinario.
Al respecto, Jason Taborda, coordinador del equipo jurídico de la Fundación Forjando Futuros, que ha representado víctimas del despojo de tierras, dijo que espera que Sánchez Mejía deberá entregarle a la JEP las vinculaciones de los grupos paramilitares, con empresarios y políticos del Urabá para el cultivo extensivo de palma de aceite en esa región, a través de la empresa Urapalma.
La empresaria, condenada por su relación con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y con el Bloque paramilitar ‘Elmer Cárdenas’, para desarrollar un proyecto palmicultor que dio lugar al despojo de tierras y al desplazamiento de pobladores en la región de Urabá, específicamente en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, entre 1997 y 2000.
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La justicia ordinaria emitió sentencia en su contra por estos hechos el 30 de octubre de 2014, dictada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, cuya decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín el 1 de diciembre de 2016.
Katia Patricia Sánchez Mejía, ha aceptado colaborar con las autoridades en la investigación de estos delitos. El sometimiento condicionado implica que la empresaria se compromete a proporcionar información detallada sobre los hechos y a colaborar con las investigaciones relacionadas con el despojo de tierras.
La JEP, que tiene como objetivo investigar y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, consideró que el compromiso de Sánchez Mejía es crucial para esclarecer los casos de despojo de tierras, que han sido una de las consecuencias más graves de la violencia colombiana. Esta aceptación del sometimiento permitirá avanzar en la reparación de las víctimas y en la restitución de las tierras despojadas.
La decisión de la JEP marca un paso significativo en la búsqueda de justicia y en el proceso de reconciliación nacional, al ofrecer una alternativa a la justicia ordinaria para aquellos que están dispuestos a colaborar y contribuir a la verdad y la reparación en el contexto del conflicto armado colombiano.