Este lunes se conoció que la empresa Air-e le advirtió al Gobierno nacional sobre problemas financieros en la compañía por los altos costos de la energía y que pone en riesgo la prestación del servicio para el Caribe colombiano.

A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la compañía indicó que las deudas por cobrar de la empresa ascenderían a 1.8 billones de pesos que tienen que ver con la facturación por la prestación del servicio, la opción tarifaria y los subsidios para los estratos 1, 2 y 3.

Auditoría forense

Es así como Norman Alarcón, vocero de la Liga de Usuarios de Servicios Domiciliarios, propuso que a la empresa se le haga una auditoría forense para conocer el estado financiera real.

“Quedan muchas dudas después de recibir tan elevadas sumas de billones de pesos, ahora resultan con agobios y que no tienen flujo de caja. Se requiere entonces una auditoría forense, lo más pronto posible. Esto hay que mirarlo con detalle, con beneficio de inventario. Una auditoría quiere decir un estudio en profundidad de todos los aspectos contables, económicos,y financieros de la empresa Air-e”, dijo Alarcón.

Por su parte, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, sostuvo que esto se “veía a venir”, además porque ya lo venía advirtiendo la Contraloría sobre la situación financiera de estas empresas.

“A la mora y la demora para resolver el problema de la opción tarifaria, puesto que el Gobierno todavía está presentando al Congreso de la República el proyecto para poder asumirla, se viene a sumar el tema de los pagos del reintegro que debe hacer el Gobierno a las empresas distribuidoras lo que ellos le han reconocido en los estratos 1,2 y 3 como subsidios a esos usuarios, y esto está poniendo a las empresas en flujo de caja y a una eventual insolvencia”, sostuvo.

Acosta argumentó que a eso se refiere la empresa Air-e cuando le plantea al Gobierno la “imposibilidad” de poder sostener el flujo financiero que requiere para garantizar la prestación del servicio.