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Disidencias en camionetas de la UNP, ¿cómo impactará en el proceso con el EMC?

Panelistas consideran que la confianza con el Estado queda minada y asegura que la ciudadanía cada vez confía menos en el proceso de paz con las disidencias.

Fotografía cedida por la Secretaría de Gobierno de Antioquia de Edgar de Jesús Orrego Arango (c), alias Firu, uno de los tres disidentes de las FARC detenidos este martes, durante su presentación en Medellín (Colombia).  - EFE/ Secretaría de Gobierno de Antioquia

Fotografía cedida por la Secretaría de Gobierno de Antioquia de Edgar de Jesús Orrego Arango (c), alias Firu, uno de los tres disidentes de las FARC detenidos este martes, durante su presentación en Medellín (Colombia). - EFE/ Secretaría de Gobierno de Antioquia / SECRETARIA DE GOBIERNO DE ANTIOQUIA (EFE)

En Hora20 el análisis a los hechos de este martes. El análisis al orden público: una nueva polémica por la protección que brinda la UNP, el uso que le da las disidencias a estos esquemas y las capturas que podrían impactar en el futuro del proceso de paz. También una mirada a la situación de seguridad en Arauca. Después, el debate jornada de movilización de los taxistas que generaron bloqueos en varios puntos del país provocando caos en la movilidad.

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Lo que dicen los panelistas

Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde y presidente de la Comisión Primera del Senado, señaló que lo ocurrido refleja que hace falta método en la negociación, aunque insistió que el impacto está en la confianza de la ciudadanía ene este proceso de paz, la cual considera casi inexistente.  “La película fue en escenas. Sale el director de la UNP pidiendo explicaciones, después sale Cristo a pedir explicaciones a la UNP, minutos después González Posso saca un video, después vienen otras intervenciones y, por último, González saca otro video en su casa”, considera que estos hechos reflejan que no hay comunicación, “la rueda de prensa la tuvo que haber dado el Mecanismo de Verificación, no Camilo González en un video tipo selfie”.

Destacó que lo ocurrido con las camionetas también representa una vulnerabilidad al interior del EMC, “después de esto las bases de alias Calarcá sentirán desconfianza y esta crisis llega en un momento delicado al interior del EMC, hay un problema muy grande de protocolos y de método”.

Para Angélika Rettberg, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, estamos todavía sin la información necesaria, pero hay reglas para el cese y sin son ciertas las condiciones, toca analizarlo en la mesa, “este no será el primero ni el único sapo que nos deberemos tragar en estas negociaciones”. También destacó que al movernos en un mar de imprecisiones y la falta de claridad lleva a que los que iban en el carro pensaban que estaban autorizados, un pensamiento que también podrían tener los militares que hicieron la requisa, “no solo no estamos comunicados, el problema es que a poca gente le importa lo que pasa. No veo que las personas sigan lo que ocurre”.

Sobre lo que ocurre en Arauca, dijo que el problema es de viaja data y que las dificultades no empezaron en el proceso actual, “desde los años 80 se ha consolidado el control social del ELN en Arauca, no es solo un control militarizado”. De otro modo, dijo que el ELN tiene liderazgos cooptados, “el Estado no es simplemente un convidado de piedra, pero se muestra cómo se identifican lealtades, definen límites y cuando se sobrepasan y hay momentos de tensión, surgen los hechos que vivimos”.

Carlos Augusto Chacón, abogado, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Magister en Seguridad y Defensa Nacional y Magister en Estudios Políticos e Internacionales, inició preguntándose, “¿Hasta dónde se instrumentaliza al Estado en favor de grupos criminales?”, pues planteó que lo que la opinión pública recibe es que el Estado se pone al servicio de los criminales, “esto no es solo un cese entre Estado y criminales, también aumenta la extorsión que es un mecanismo de control de los armados”. Además. Aseguró que hechos como el de este martes ratifica que no hay planificación, no hay protocolos y no hay línea rojas.

En cuanto a lo ocurrido con los taxistas, también se preguntó “¿dónde está el imperio de la ley? amedrentan y no pasa nada”. De hecho, fue enfático en plantear que no se puede aceptar que se use la fuerza y se tome justicia por mano propia, “ese es precisamente el problema de que no hay regulación porque se protege un grupo que tiene capturada una regulación del Estado como es la movilidad. El cupo es culpa del modelo y la arquitectura institucional”.

Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, manifestó que el Estado cumple con lo pactado en los protocolos, “la disidencia minó la confianza del Estado porque las camionetas son para voceros y no para utilizarla con otros fines”. También comentó que la labor del Estado con las ramas del poder funcionó, “el Ejército actuó como debía actuar, la ONU llegó, después los condujeron a un batallón y después llegó la Dijín. El Estado actuó”. De otro lado, insistió en que se debe tener confianza en las negociaciones y los negociadores deben hacer exigencias al EMC sobre cuáles son los actos de confianza que le generan al Estado.

Por último, sobre el panorama en Arauca, dijo que más que una base social legítima, lo que hay es una imposición por la vía de las armas por parte del ELN, “en ese escenario se debe abrir una participación ciudadana y comunitaria en las discusiones de paz”.

Luis Fernando Trejos, profesor en la Universidad del Norte, experto en dinámicas de conflicto e investigador, comentó que este es el escándalo más reciente de todo lo polémico que rodea la paz total, “hay improvisación, falta de coordinación y mala comunicación”, además, advirtió que es necesario que, al cumplirse dos años del gobierno, se pase de los escándalos a los hechos palpables de paz, “uno se pregunta qué pensarán las víctimas del EMC que son extorsionadas y desplazadas, cuando ven que esta gente se mueve con dispositivos de protección”.

Sobre la paz total dijo que esta no es una política escrita que tenga objetivos claros y con indicadores para medir tanto el éxito como el fracaso, elementos que considera, terminan afectando los procesos de comunicación. De otro lado, señaló que la elección del 2026 sería un plebiscito por la paz, “si esto sigue así, uno puede anticiparse y decir que estamos llegando a un contexto parecido al de El Caguán. Lo que pasó después del fracaso de esos diálogos significó la llegada de Álvaro Uribe”.

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