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Libre pero vinculado al proceso quedo contratista involucrado en el caso Colibríes

Por falta de pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía, una juez de Pereira lo dejó en libertad; sin embargo, deberá comparecer ante la justicia en tanto avanza el proceso.

Fotografía audiencia virtual: Juzgado Sexto de garantías de Pereira

Por no existir, según la Juez Sexta con función de control de garantías de Pereira, una inferencia razonable que vinculen al contratista del consorcio Prosperidad Vial Cerritos, José Gabriel Vargas Carvajal, a los delitos que le endilga la Fiscalía, por presuntos hechos de corrupción encontrados en la ejecución de la obra Avenida Los Colibríes, esta lo dejó en libertad.

La juez manifestó en la audiencia que la Fiscalía no demostró de manera contundente la participación de Vargas en los supuestos sobrecostos de la obra, así como la falsedad en las actas que firmó, hecho que fue confirmado por Renato Marín, abogado penalista y defensor del ingeniero Vargas.

Renato Marín, abogado penalista y defensor del ingeniero Vargas.

Marín también manifestó que si bien su protegido fue regresado a la libertad, continúa vinculado a la investigación, por lo que seguirán avanzando en el proceso judicial.

Renato Marín, abogado penalista y defensor del ingeniero Vargas.

Esta decisión fue apelada por el fiscal a cargo del caso, así como por el Ministerio Público, recurso ante el cual la juez se sostuvo en su decisión. Ahora será un juez de segunda instancia quien avale o no la medida opcionada por la juez de garantías.

Juez Sexta con función de control de garantías

La misma suerte no la corrió Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal, representante legal del Consorcio Caba Intervías, interventor cesionario desde junio del 2023, quien sí fue cobijado, al igual que Carlos Alberto Maya, Miltón Hurtado y José Alberto Rojas, con medida de aseguramiento intramural.

Recordemos que ambos hombres fueron procesados en los estrados judiciales por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.