Investigan funeraria en España por venta ilegal de cadáveres
Las autoridades españolas investigan a los dueños y empleados de una funeraria acusados de falsificar documentos para vender cadáveres a universidades sin el consentimiento de los familiares.
Ataus/Gettyimagenes / urbazon
Recientemente en España, los dueños de una funeraria están siendo investigados tras participar en una supuesta venta ilegal de cadáveres.
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El caso salió a la luz en enero de 2024, cuando las autoridades del país se percataron que dos empleados de la funeraria, al parecer, habían retirado un cadáver de la morgue de un hospital con documentos falsos. Los dos empleados y los dos dueños, de entre 41 y 74 años, fueron detenidos en el mes de enero y puestos tiempo después en libertad por declarar.
“Falsificaban documentación para retirar los cuerpos de hospitales y residencias, y luego venderlos a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver”, señalaron las autoridades.
Además, la investigación sugiere que los implicados buscaban cadáveres de personas sin familiares, especialmente de extranjeros o cuerpos en condiciones precarias, todo esto sin el consentimiento de los familiares.
¿Cómo funcionaba este negocio ilegal?
La investigación indica que, presuntamente, desmembraban los cuerpos y los introducían en ataúdes de otros difuntos, realizando solo una cremación para evitar mayores costos, mientras cobraban a las universidades grandes cantidades de dinero.
Una de las víctimas de este suceso fue un hombre mayor que falleció en un asilo. Según los documentos que tenían estas personas, el hombre había firmado unos papeles donde decía que donaría su cuerpo a la ciencia. Sin embargo, la policía, al analizar la evidencia, se dio cuenta de que esta autorización había sido supuestamente firmada cuando el señor llevaba tres días de muerto.
“En este caso, los investigadores pudieron constatar que el hombre, poco antes de fallecer, tenía menoscabadas sus capacidades mentales debido a un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación. Además, dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra que pagaba más dinero. Para ello, consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo”, señaló la Policía.
Asimismo, la Policía indica que esta banda delincuencial pudieron llegar a facturar 5.040 euros (cerca de 5.500 dólares o 21.906.840 pesos colombianos) por 11 incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, que no aparecían reflejadas en las facturas generadas por ninguna de las incineradoras que funcionan en la ciudad.