JEP ordenó medidas para la búsqueda de desaparecidos: jalón de orejas a alcaldías
Esas entidades territoriales estarían incumpliendo sus obligaciones en los avances para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. También hay desorden en las cifras de otras instituciones
JUDICIAL
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, ordenó a las entidades de más alto nivel del Estado establecer una ruta metodológica clara que permita coordinar y desplegar acciones eficaces para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
A los magistrados les llama la atención la ausencia de consolidación en los sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e identificación.
¿Podemos concluir que hay desorden en el sistema para la búsqueda de desaparecidos? “Sí, lo que se ha venido observando es que, cada entidad maneja sus propias cifras, entonces, indiscutiblemente si no hay un universo consolidado de víctimas de desaparición forzada, pues a veces queda muy difícil establecer rutas y metodologías de trabajo”, recalcó el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.
HAY DESORDEN EN LAS CRIFRAS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES
Para la JEP, la ausencia de una política pública sobre la custodia y preservación de lugares de inhumación dificulta los avances para la búsqueda de desaparecidos, especialmente de las alcaldías, porque no están cumpliendo con las medidas cautelares para proteger zonas donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.
“En concreto ¿Cuáles son las entidades que más incumplen sus obligaciones? Indudablemente las alcaldías, porque la primera responsabilidad para la custodia, preservación e identificación de los cuerpos es competencia de las alcaldías, por eso la medida nacional (…) Y aquí entramos en un círculo vicioso, no cumplían las órdenes porque no tenían presupuesto, y ¿por qué no tiene presupuesto?, porque no lo asignaron, ¿por qué no lo asignaron? porque no lo incluyeron en sus planes de desarrollo”, indicó la magistrada María del Pilar Valencia.
RESPONSABILIDAD DE ALCALDÍAS
Los magistrados también detectaron que, hay dificultad en el acceso a la información por parte de las entidades a cargo de la búsqueda de personas en el país y, la precariedad en la infraestructura necesaria para la disposición y abordaje de cuerpos.